Investigaciones por fraude y convicción por delito sexual rodean empresa australiana de pruebas rápidas
Autoridades en Australia y Estados Unidos indagan sobre las acciones de Promedical Equipment Pty Ltd, la compañía que supliría las pruebas rápidas de COVID-19 a Puerto Rico.
Promedical Equipment Pty Ltd, la compañía australiana que supliría las pruebas rápidas de COVID-19 a Puerto Rico en un negocio de $38 millones que involucró al menos a otros dos intermediarios en Estados Unidos y a la compañía de construcción puertorriqueña Apex General Contractors, está bajo investigación en su país por fraude, en Estados Unidos por posible manipulación del valor de una compañía y su presidente, Neran de Silva, fue convicto por violación sexual, informó hoy el diario The Guardian.
El negocio de $38 millones comenzó cuando el abogado y representante de Apex, Juan Maldonado de Jesús, recurrió a contactos en el Partido Nuevo Progresista (PNP) para llegar al coordinador del Task Force Médico, Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, quien aprobó que el Departamento de Salud iniciara lo que resultó ser un proceso “fast track” de aprobación del contrato para adquirir un millón de pruebas. El negocio se malogró cuando el banco Oriental detuvo la transacción del adelanto de $19 millones que el gobierno le había dado a Apex como parte de sus condiciones de venta.
Aunque Apex y Maldonado de Jesús eran los que llevaban el pulso de la negociación con Salud, la transacción involucró al excontratista de la Autoridad de Transporte Marítimo, Aaron Vick, quien prestó su firma para el contrato porque Maldonado de Jesús no quería aparecer firmando, el distribuidor 501 Nutrition en Arizona, el representante de Promedical en Estados Unidos, RGJS Investment Group y, finalmente, Promedical como suplidor.
Al ser inicialmente contactada por medios de comunicación en Puerto Rico, Promedical alegó desconocimiento total de la transacción o de Apex, pero luego NotiCel reveló mensajes que habían sostenido con Maldonado de Jesús que prueban su conocimiento de que tenían una transacción activa y pendiente para empacar un millón de pruebas a Puerto Rico y que solo esperaban por la transferencia de dinero que nunca llegó.
Ahora The Guardian amplía sobre las dudas que se acumulan alrededor de Promedical y sus ejecutivos.
La empresa está bajo investigación de la Administración de Bienes Terapéuticos (ABT), una agencia gubernamental en Australia similar a la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), algo que fue divulgado la semana pasada en el programa Jay y sus Rayos X, mientras que el fabricante chino de pruebas rápidas, Guangzhou Wondfo Biotech, cortó oficialmente sus vínculos con Promedical, como reveló NotiCel hace dos semanas.
La ABT le precisó a The Guardian que a principios de abril revocaron el permiso que habían dado a Promedical para suplir pruebas rápidas por solicitud de la empresa y que inició una investigación en su contra, a la vez que la FDA también removió a Promedical de sus registros.
Promedical se ha rehusado a decir de dónde vienen las pruebas que vende, a la luz de que ya no serían las de la fábrica china Guangzhou Wondfo Biotech. Mario Saaed, presidente de RGJS, solo ha dicho a NotiCel que su nuevo suplidor es de Corea del Sur, sin ofrecer más detalles.
En Australia, la entrada de Promedical al escenario de pruebas rápidas del coronavirus resaltó porque, hasta entonces, la empresa se conocía por vender equipos de tratamientos criogénico y contra la disfunción eréctil.
De Silva, quien está copiado en los correos electrónicos a Apex, es un exsocio de negocios de un ministro australiano, Stuart Robert, y fue convicto por violación sexual en 2018. Los hechos fueron que Neranjan Agrajith Kalubuth De Silva, nombre de pila del ejecutivo de Promedical, violó en 2016 a una bailarina de 23 años mientras esta se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes y dormía en el sofá de un amigo de ambos. De Silva apeló, pero la convicción se mantuvo.
The Guardian también enfoca en que el 21 de abril la Comisión federal de Intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) suspendió el tráfico de la acción de la empresa SCWorx Corp. por “preguntas y preocupaciones sobre la adecuacidad y precisión de información disponible públicamente en el mercado”. Esto, en referencia a un comunicado de prensa que SCWorx emitió el 13 de abril anunciando que había llegado a un acuerdo con el proveedor virtual de servicios de salud Rethink My Healthcare para proveerle 50 millones de pruebas rápidas (a razón de unas 2 millones por semana). Este acuerdo, a su vez, estaba sustentado con un contrato que SCWorx supuestamente había hecho con Promedical para suplirle esas pruebas, dejando a SCWorx como el intermediario de Promedical en Estados Unidos.
El anuncio provocó que las acciones de SCWork aumentaran un 95 por ciento de su valor original pero, en menos de una semana, el negocio quedó expuesto como un posible fraude cuando la empresa de investigación financiera forense Hindenburg Research reveló que Promedical había perdido su acuerdo con el fabricante chino. Hindenburg expuso a SCWorx como una compañía sin trayectoria, con sede en un espacio de alquiler de oficinas, y a Rethink My Healthcare como una firma sin trayectoria encabezada por un joven de 25 años con solo tres personas en su equipo, levantando la voz de alerta de que el anuncio podría tratarse de una treta para aumentar artificialmente el valor de las acciones de SCWorx.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico mantiene una investigación abierta sobre el trámite que tuvo en las agencias gubernamentales el negocio con Apex. Testimonios vertidos allí ya confirman la involucración personal en el trámite de la ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Marisol Blasco Montaña, y de la subsecretaria de la gobernación, Lillian Sánchez.