Control federal ha dominado la respuesta en PR.

La máxima autoridad de Salud en el mundo pide que se administren la mayor cantidad de pruebas posibles a los pacientes que se sospeche tengan coronavirus como una medida para aislarlos y contener el contagio. Las autoridades puertorriqueñas y algunos sectores de la salud dicen que no se debe administrar tan ampliamente.

¿Cambiaron los criterios médicos cuando cruzaron el Caribe o el Atlántico para entrar en Puerto Rico? No, no cambiaron, pero fueron sustituidos por otro criterio: la burocracia y control del gobierno federal que ha dejado a todas las jurisdicciones estadounidenses con menos pruebas de las que necesita para poder conocer la realidad del avance del coronavirus, o COVID-19, en su jurisdicción.

Esta es la conclusión después de recoger las declaraciones de funcionarios y de dos cadenas de laboratorios clínicos en la Isla.

La insuficiencia de pruebas no es proporcional a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que urgió a los países a aumentar la realización de pruebas, el rastreo de contactos entre casos sospechosos y el aislamiento.

“Tenemos un mensaje simple para todos los países: realicen pruebas a todos los casos sospechosos”, según el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En esa línea, un estudio clínico reseñado en la revista Science indicó que los casos no detectados de coronavirus fueron los grandes responsables de la rápida propagación del virus en China. Algunos de estos casos solo presentaban síntomas leves.

A contrapelo, se multiplican los testimonios en redes sociales de personas en la Isla que sospechan tener el virus y acuden a autoridades médicas solo para que no les administren la prueba o los dejen esperando.

El Gobierno de Puerto Rico ha aceptado que no tiene la capacidad ni los recursos para llevar a cabo más de 50 ó 100 pruebas diarias para detectar el coronavirus, en gran medida porque carece de materiales —o “kits”— suficientes y las regulaciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos limitan la cantidad de métodos aprobados para efectuar este tipo de análisis.

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Este entramado de causas tiene el efecto de que el Estado imponga requisitos específicos para administrar la prueba a individuos y que todavía, a dos semanas de confirmarse el primer caso de coronavirus se desconoce la cantidad real de contagiados y cuántas personas se cree que podrían verse afectadas.

En la Isla, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud recibió la autorización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 13 de marzo para realizar las pruebas a nivel local para detectar el COVID-19. La entidad federal también envió 1,000 “kits” o materiales para realizar la evaluación.

El número de “kits” disponibles dista de las pruebas completadas: 37. De ellas, cinco han arrojado positivo, 13 han sido negativas y aún se espera el resultado de otras 19. La cifra también contrasta con la afirmación por parte del gobierno que alrededor de 627 personas se han comunicado al 787-999-6202, línea telefónica habilitada para indicar que se experimentan los síntomas asociados al COVID-19.

A través de las redes sociales, varios residentes de Puerto Rico han denunciado que contaban con los síntomas y los criterios impuestos para someterse a la prueba, pero se les ha negado. Resalta el caso del oncólogo Fernando Cabanillas, quien denunció a la cadena CBS que tenía a un paciente del que sospechaba había sido infectado y no le habían realizado la prueba. Por la presión pública, se le realizó y arrojó positivo. El paciente no había viajado a ninguna jurisdicción designada como riesgo de contagio de COVID-19, pero su hija había viajado a Chicago.

De hecho, cientos de pasajeros de Estados Unidos y Europa entraron libremente a Puerto Rico, sin cernimiento médico, hasta ayer, que la Guardia Nacional comenzó a realizar cernimientos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Otros aeropuertos en la Isla siguen sin operativo de cernimiento instalado.

La secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, confirmó que la agencia puede realizar 50 pruebas diarias, o 100 si el personal labora en turnos extendidos. Exigir más de ello sería casi imposible.

“No tenemos los recursos, la capacidad o el equipo. Esto es un proceso complicado que toma de tres a cuatro horas”, afirmó Quiñones de Longo.

La poca cantidad de pruebas enviadas por el CDC a la Isla es un reflejo del uso e inventario en los Estados Unidos. Entre mediados de enero y el 28 de febrero, se produjeron 160,000 pruebas, pero solo se utilizaron 4,000. Expertos han señalado que la lenta respuesta a esta emergencia responde, además a la falta de diligencia en establecer acuerdos con laboratorios privados y expertos, y la insistencia de ceñirse a estándares específicos de calidad y regulaciones de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

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El exsecretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana, denunció que la Organización Panamericana de la Salud ofreció pruebas a la Isla que fueron rechazadas. A esto, el destuido secretario de Salud de esta administración, Rafael Rodríguez Mercado, negó que hubiera ocurrido el ofrecimiento pero defendió que “[n]osotros estamos en un territorio de Estados Unidos y el CDC es el que regula esas pruebas. No podemos usar ningún método de diagnóstico que no esté aprobada por el FDA”. Para recalar, Salud, bajo el mando de Rodríguez Mercado, tramitó mal las primeras pruebas realizadas aquí.

De acuerdo a la Secretaria, así como la directora de la Oficina de Bioseguridad de la agencia, Jessica Cabrera, quienes serían sometidos a la prueba son aquellos que presenten los síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria, que hayan viajado a alguno de los países con casos confirmados de COVID-19 y que reciban orden médica.

El COVID-19, de acuerdo a los CDC, es más propenso a adherirse a niños o personas mayores de 60 años, con condiciones médicas a largo plazo, como problemas del corazón, pulmonares, diabetes, cáncer o alta presión, así como aquellos que estén inmunocomprometidos. Empero, ningún sector de la población está exento y algunos portan el virus pero no muestran síntomas.

De los cerca de 3.2 millones de habitantes en Puerto Rico, cerca de 638,738 (20.7%) son personas de 65 años o más, de acuerdo a la Oficina del Censo.

Ante su capacidad limitada, el gobierno estatal ha establecido acuerdos de colaboración con laboratorios clínicos privados para aumentar la cantidad de pruebas para detectar el COVID-19. No obstante, estas empresas también están cortas de materiales.

“Una de las cosas más importantes es que la prueba no se la puede hacer todo el mundo porque el abasto de reactivos que hay no es suficiente. Inclusive, en Estados Unidos hay escasez, igual que el material de la toma de muestras. Por lo tanto, tenemos que ser bien prudentes, que las personas que se van a hacer la prueba son personas que el médico ordena porque tiene síntomas o porque viajó al extranjero y está en riesgo”, explicó la licenciada Ilia Toledo, del Laboratorio Clínico Toledo, en Arecibo.

Es el CDC quien elige a qué laboratorios autoriza a recibir esos reactivos para procesar las muestras.

El Laboratorio Clínico Toledo, el Laboratorio Clínico Borinquen y Quest Diagnostics son quienes se reunieron con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced para certificarlos como centros alternos para realizar la prueba del COVID-19.

Quest Diagnostics también ofrece el servicio en el Municipio de San Juan, luego de que la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, firmó un contrato de $1 millón para 2,000 pruebas.

Según Toledo, en el laboratorio podrían efectuarse entre 100 a 200 pruebas diarias porque cuentan con turnos de 24 horas. Sin embargo, se trata de una prueba molecular de unas tres a cuatro horas.

“Muchas personas se preguntan por qué en otros países se hacen pruebas mucho más rápido que aquí y tienen una disponibilidad diferente a la que tenemos nosotros en Puerto Rico. Recuerden que nosotros estamos regulados por regulaciones federales, el FDA, así que muchas pruebas que tienen en otros países, inclusive pruebas rápidas, nosotros no estamos autorizados ni siquiera comprarlas y tenerlas aquí. La metodología que tenemos aquí disponible es molecular, toma más tiempo y los reactivos están limitados”, explicó, por su parte, la licenciada Lidia Cora, del Laboratorio Clínico Borinquen.

En conferencia de prensa el sábado pasado, Toledo y Cora aludieron a que las pruebas en sus laboratorios podrían comenzar en una semana.

Estas regulaciones federales también restringen la incursión de otros laboratorios locales, pues el CDC impone unos requisitos de equipo y estructurales para poder llevar a cabo la prueba.

“Los laboratorios clínicos de la Asociación de Laboratorios y la Cooperativa de Laboratorios no podemos hacer las muestras, porque no hay muchas y la única que está aprobada es la del CDC. La máquina aprobada por el CDC es una grande, tenemos que tener temperatura bajo cero, un ‘hood’ [una cubierta] con especificaciones, cuarto aparte para recibir pacientes para evitar contagio. Por eso no se están haciendo en el laboratorio, sino que se envían a Salud”, describió, por su parte, Ivelisse Pérez, del Laboratorio Laurel, en Bayamón.

Las restricciones, además, podrían considerarse como no ser costo efectivas para los laboratorios más pequeños, ya que según Pérez, los laboratorios de referencia cobran cerca de $200 por la prueba, pero las tarifas con plan médico “son bien bajas”.