Aunque el viernes en la noche el Gobierno de Puerto Rico anunció que había logrado una asignación de $12 billones de dólares para recibir fondos de Medicaid por los próximos cuatro años, el sábado en la tarde los altos funcionarios aclararon que se trata de un acuerdo que aún no se ha firmado y cuyo monto será desembolsado una vez la Isla cumpla con una serie de condiciones.

Las restricciones responden directamente a la pérdida de credibilidad de Puerto Rico ante el gobierno federal, tras los esquemas de fraude revelados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que llevaron a los arrestos de la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, así como la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero.

Surgen, además, porque desde el 2018 los funcionarios federales han mostrado desconfianza hacia los funcionarios locales, pues ese año también se promulgaron restricciones a los desembolsos de Medicaid y se pretendían reforzar para la subvención que queda pendiente.

'La experiencia de que [en el 2018] Justicia y Salud manejaron esto, nos abre las puertas a que estos requisitos adicionales, que créanme se aguaron porque eran requisitos duros y requisitos casi que no se podían cumplir, logramos aguarlos, atenuarlos a que sean requisitos que el Secretario se siente cómodo con cumplir. Digo él porque yo puedo conseguir los chavos, pero si el que los va a gastar y los va a ejecutar tiene trabas para poderlos desembolsar, no hacemos nada', aseguró la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, quien avaló el acuerdo.

A González Colón se le unieron la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, quienes detallaron los pormenores del acuerdo en una conferencia de prensa conjunta.

Las condiciones están incluidas en un pacto bipartita para un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos, por el que se votaría antes que finalice el año o, en el 'peor de los casos' en enero 2020, según la Comisionada Residente.

Estas son las condiciones:

Realizar una auditoría independiente a los fondos federales que se reciban

A partir de seis meses de creada la ley, se debe establecer una persona a cargo de que se cumpla con lo estipulado, quien será el Líder de Integridad del Programa.

Cumplir con la tasa de control de pago, que conlleva que a más tardar 12 meses después de la fecha de promulgación de la ley, Puerto Rico debe publicar un plan —elaborado en coordinación con los Centros de Servicios para Medicaid (CMS)— sobre cómo desarrollará medidas para satisfacer estas tasas.

Hacer una reforma al proceso de contratación, que debe incluirse en un plan a ser publicado a más tardar el 1 de octubre de 2020.

Tener control de calidad en elegibilidad de Medicaid para evitar fraude, corrupción y engaño.

Penalidades por incumplimiento

Según la Comisionada Residente, este acuerdo es uno 'aguado', ya que las imposiciones originales eran más estrictas, pero aún así es una versión que el presidente Donald J. Trump también respalda.

'Lo que nos dijeron fue ‘no tengo problemas con la asignación de fondos, pero tengo problemas con que ustedes se los roben, con que los malgasten'', recordó González Colón.

Mira la conferencia de prensa de los funcionarios:

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Las palabras, apuntó, provinieron de Chuck Grassley, senador republicano y presidente del Comité de finanzas de ese cuerpo legislativo. El Senador había trazado una contrapropuesta para que Puerto Rico solo recibiera 70% por cuatro años y una asignación de $9 billones.

La subvención supone además un Por ciento de Asistencia Médica Federal (FMAP, por sus siglas en inglés) de 76%, lo que significa que Puerto Rico tendría que aportar solo el 24% de pareo para el Plan de Salud del Gobierno. En comparación, González Colón recalcó que bajo Barack Obama y la ley vigente, la Isla solo recibe 55%, o lo mismo que 55 centavos por cada dólar.

'En arroz y habichuelas, significa que gracias a este acuerdo 680,000 personas en Puerto Rico no van a perder su tarjeta de salud. Significa que no van a ver sus beneficios reducidos', aseguró González Colón.

Financiación por Año Fiscal (AF):

AF 2020: $2,623,188,000

AF 2021: $2,719,072,000

AF 2022: $2,812,610,000

AF 2023: $2,914,331,000

Del acuerdo también se desprende que la cifra ofrecida por el Gobierno de Puerto Rico es solo un tope, ya que el monto real asciende a $11,069,201,000 hasta el año fiscal 2023. Sin embargo, ese total podría aumentar a $12 billones con una subvención adicional de $200 millones anuales a ser otorgada solo como compensación por seguir instrucciones.

'Si nosotros nos portamos bien y hacemos las cosas bien, nos van a dar 200 millones por año', señaló Rodríguez Mercado. La Comisionada Residente añadió que sería una compensación por certificar el pago a los doctores en al menos un 70%.

Según el Secretario de Salud, eso es un requisito que ya se ha cumplido, por lo que están confiados que se logrará la subvención completa.

Otros requisitos:

Si Puerto Rico no selecciona a un ente independiente para llevar a cabo la auditoría en la fecha especificada, se le impondrá una penalidad de $50 millones anuales a las subvenciones correspondientes a los años fiscales 2022 y 2023. En caso de que el ente independiente perciba que existen áreas de alto riesgo en términos de derroche, fraude y abuso, el Inspector General llevará a cabo auditorías del programa de Medicaid en Puerto Rico con mayor periodicidad hasta que determine que la Isla ha tomado las medidas razonables y apropiadas para resolverlo.

Informes anuales al Congreso sobre cómo la Isla ha utilizado los fondos adicionales para aumentar los pagos a los proveedores de atención médica, aumentar los beneficios cubiertos, ampliar las redes de proveedores de atención médica o mejorar de cualquier otra manera la ejecución de dicho plan.

El Departamento de Salud federal, a más tardar el 1 de enero de 2022, realizará una revisión técnica de los procesos de audiencias y apelaciones disponibles para las personas que solicitan o reciben beneficios bajo el programa de Medicaid, así como los procesos de audiencias y apelaciones disponibles para los proveedores que participan del programa.

La Oficina del Inspector General, luego de un año de la fecha de promulgación, desarrollará y presentará un informe al Congreso que identifique los pagos realizados bajo el programa a las organizaciones de atención administrada y un plan para auditar e investigar esos pagos.

Puerto Rico debe establecer y mantener un sistema para rastrear cualquier cantidad que el gobierno federal asigne a la Isla con respecto al plan estatal de Puerto Rico.

Presentar a CMS toda documentación previa solicitud respecto a contratos adjudicados en virtud del plan estatal de Puerto Rico.

Informar a CMS sobre todas las medidas incluidas en el cuadro de mandos de Medicaid y CHIP, desarrollado por CMS.

Tanto Rodríguez Mercado como Vázquez Garced reiteraron que lo anunciado se trataba de un logro, porque la credibilidad de la Isla en Washington estaba en cero, especialmente tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador y los arrestos federales por corrupción.

'Recuerdo cuando un secretario federal me dijo ‘ustedes iban por F y ya están en C menos'. Creo que hoy tenemos A. Todos tenemos A', declaró el Secretario de Salud, quien celebró que al departamento que dirige no se le impuso un monitor federal para supervisar sus fondos y contrataciones, contrario a los Departamentos de Educación y Vivienda. 'Eso es la confianza que se gana', añadió.

Mientras, la Gobernadora recalcó que desde que asumió el cargo estableció unas prioridades que incluían subvencionar el Medicaid y restablecer la confianza en Puerto Rico ante el gobierno federal.

'Restablecer la confianza de Puerto Rico en el gobierno federal que, no es un secreto, era nula. Todas esas puertas estaban muy cerradas para nosotros', subrayó.