Washington - El gobernador Ricardo Rosselló le insistió a congresistas evaluando la implementación de la ley PROMESA en Puerto Rico que había que renegociar el acuerdo ya existente para reducir la deuda de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) para lograr mejores beneficios para la isla y tomando en cuenta los nuevos planes para enfrentar la crisis fiscal de la isla.

La vista del miércoles ante el Subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares y de los Nativos de Alaska sobre el acuerdo aún sin efecto que se aprobó en diciembre del 2016 puso en relieve la lucha entre el gobierno y los acreedores para reducir la deuda pública de unos $70 mil millones, y obligó a todas las partes involucradas a rendirle cuentas al Congreso por primera vez.

'Creo que sería irresponsable el aceptar los términos de cualquier reestructuración financiera sin entender completamente el camino que provee para que AEE mejore sus operaciones, aumente su confiabilidad, se diversifique, y tenga acceso a nuevo reglones de capital,' afirmó el gobernador.

Rosselló sostuvo que ahora que existe un plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal este mes que toma en cuenta la totalidad de las finanzas del país, volver a la mesa de negociaciones sobre la deuda de AEE sería lo más indicado para lograr que se recorte más que el 15 por ciento de la deuda establecido en el acuerdo actual, conseguir más dinero para modernizar la infraestructura, y asegurar que no suban las tarifas de electricidad que perjudican a los consumidores y obstaculizan el desarrollo económico.

'Queremos arreglar esto una sola vez, y queremos hacerlo bien,' afirmó el gobernador.

La deuda de AEE es de $9 mil millones y bajo este acuerdo, los acreedores recibirían 85 centavos al dólar. El plan fiscal aprobado hace unas semanas por la JSF, que incluye ahorros en fondos de salud y posibles recortes en pensiones y bonos de Navidad, provee un promedio de $800 millones anuales para pagarle a los bonistas por los próximos 10 años – lo cual representa un recorte de más de 70 por ciento del pago de servicios de la deuda, o el recibir 22 centavos al dólar.

La fecha límite para poner en efecto el acuerdo de AEE es el 31 de marzo cuando se vence un pago de servicio de la deuda de $445 millones. Representantes de los acreedores que desean que se respete ese acuerdo rechazaron las críticas del gobernador ante el panel de congresistas, pero expresaron que siguen abiertos a dialogar con el gobierno sobre revisiones, pero no para crear un acuerdo nuevo.

La negociación de este acuerdo, cuya fecha límite se ha extendido 15 veces, podría ser un modelo, afirmaron, para las negociaciones que entabla el gobierno ahora con los demás bonistas dueños del resto de los $70 millones de la deuda y que deben completarse para el 1 de mayo. De no lograrse estos acuerdos, la Junta puede autorizar una reestructuración forzosa de la deuda en los tribunales.

'Creemos que de no respetar este acuerdo, esto podría ser una oportunidad perdida para reformar esta agencia, proveer un buen fundamento para el crecimiento económico de Puerto Rico, y poner muy en duda si la JSF y Puerto Rico pueden llevar a cabo acuerdos voluntarios para restaurar el acceso a los mercados de capital,' manifestó Adam Bergonzi, Managing Director <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>& Chief Risk Officer del National Public Finance Guarantee Corporation, una aseguradora de miles de millones de dólares en bonos de AEE./p

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Algunos congresistas republicanos que aparentemente también apoyan el que se ponga en efecto el acuerdo negociado a finales del 2015 les reclamaron a los miembros de la Junta que atestiguaron en la vista si la severidad de los recortes al pago del servicio de la deuda viola la Constitución de Puerto Rico. La constitución establece que la llamada deuda constitucional, o el servicio de deuda por concepto de bonos de obligación general, tienen prioridad al tiempo de pagar./p

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Pero José Carrión III, el presidente de la Junta, afirmó que el plan fiscal aprobado recientemente conforma con la ley PROMESA./p

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'Es una situación difícil. Estoy de acuerdo y entiendo cuán problemático es,' aclaró Carrión. 'Pero como demuestra el plan fiscal, estamos pidiéndoles unos sacrificios materiales a todas las partes involucradas, incluyendo a nuestra gente. Estamos en un punto difícil, pero creemos que hay un dolor compartido para todos', añadió el presidente de la JCF./p

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De igual forma, en una vista pública ofrecida en el Congreso de los Estados Unidos, Rosselló se dirigió a los legisladores americanos para hablar sobre la situación de Salud y la necesidad precaría de fondos federales para el sistema./p

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'Puerto Rico ya está tomando acción reduciendo gastos, atacando el fraude, reduciendo gastos administrativos, racionalizando cómo se va a estar llevando a cabo el sistema de Salud e inclusive uniendo un nuevo sistema de salud que entiendo puede ser un modelo a nivel federal y recordarle a los hermanos estados, a su liderato y al gobierno federal que si no se toma acción para darle igualdad a los recursos para el pueblo de Puerto Rico, el problema que tenemos hoy nosotros será el problema de ellos mañana porque les va a salir tres veces más caro al gobierno estatal por cada puertorriqueño que vaya a darse servicios de salud en la Florida y le va a salir tres veces más caro a nivel federal. Así que esto es un llamado a que desde ya se tome acción en todas las medidas que se están examinando pero de manera muy particular, lo que es el Continue Resolution para que se le pueda extender los fondos hasta el año 2020 a Puerto Rico', informó Rossellófrente al congreso estadounidense./p

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La Administración de Asuntos Federales del gobierno de Puerto Rico, ha sostenido que el Obamacare nunca trabajó para Puerto Rico ya que la inclusión de la isla en la ley fue establecer una política de bomba de tiempo conocida como el Medicaid Cliff. A través de Obamacare, Puerto Rico recibe de $ 1.1 a $ 1.3 mil millones al año en el aumento de la financiación federal Medicaid a través de los fondos FY18, una mejora importante de asignaciones que estaban limitadas por un tope arbitrario, sin embargo aún continúa siendo mucho menos de lo que Puerto Rico recibiría si fuera tratado como un estado./p

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Una vez que Puerto Rico agote su financiamiento suplementario, se revertirá a su asignación federal anual limitada de Medicaid, que se espera sea de aproximadamente $360 millones en el año fiscal 18. Sin embargo el gobierno anticipa que a finales de 2017, como resultado del agotamiento de los fondos federales de salud, más de 500,000 puertorriqueños podrían perder su cobertura de salud./p

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Por lo que el gobernador y la comisionada residente, Jenniffer González advirtieron en el congreso federal que aumentaría la migración hacia los Estados Unidos lo que redundaría en mayores gastos para el gobierno federal. El costo de la cobertura de atención médica para personas elegibles para Medicaid en los Estados Unidos es de tres a cuatro veces más. Por lo que, cuando los ciudadanos de Puerto Rico se trasladan a los estados, el gobierno federal termina gastando más para cubrir los costos de salud de estos./p

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Entre 2010-2025, el costo total estimado de los migrantes puertorriqueños en Medicaid en los estados anticipan que será de $30,400 millones de dólares. De esta cifra, el gobierno federal será responsable de $16.7 mil millones ./p

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Sin embargo, si estos beneficiarios de Medicaid permanecieran en Puerto Rico, el gobierno federal habría gastado solamente $4.4 mil millones. Esto significa que el tratamiento diferente de Puerto Rico en Medicaid costará a la nación americana aproximadamente 12,300 millones de dólares./p