La batalla para salvar a Puerto Rico de los recortes al programa de Medicare Advantage, decisión confirmada por el Departamento de Salud federal pese al cabildeo de la Coalición Crisis de la Salud, continúa en Washington con la visita del gobernador Alejandro García Padilla al presidente Barack Obama.

'Hoy parto a Washington... Yo tengo la mejor relación con el presidente Obama y la voy a continuar teniendo, pero lo que es injusto es injusto. No vamos a claudicar', afirmó el Gobernador, dirigiéndose a estudiantes que visitaban al Fortaleza para conocer las labores ejecutivas.

El lunes, la secretaria de Salud federal, Sylvia Burwell, decidió continuar el plan de recortes para los reembolsos de Medicare Advantage en Puerto Rico, que se estiman en una reducción de al menos $300 millones. Para muchos la reducción de las tarifas en un 11% para Puerto Rico, mientras se aumenta en un 3% para los demás estados e Islas Vírgenes incurre en discriminación.

'Esta determinación del gobierno federal es injusta. Es injusta con nuestros ciudadanos de edad avanzada que pagaron igual y van a recibir menos. Esa injusticia la vamos a combatir y yo voy a seguir trabajando con una coalición del sector privado –una coalición no partidista– que está trabajando desde Washington para subsanar esa injusticia que el Departamento de Salud de los Estados Unidos está cometiendo con nuestros viejos puertorriqueños. No vamos a tirar la toalla con eso', reafirmó García Padilla.

Seguramente, para el hermano del Ejecutivo, Luis 'Jerry' García Padilla, la determinación debe ser contraproducente tomando en cuenta que es ejecutivo de una de las aseguradoras Medicare Advantagemás grandes en la isla, MMM.

Queda por ver si las relaciones entre Washington y la Fortaleza, tan celebradas desde la visita del Presidente Obama a Puerto Rico en 2011 cuando incluyó un almuerzo con García Padilla en la panadería Kasalta de San Juan tendrán efecto en la determinación de Salud federal, o si como adelantaron fuentes, será necesario entablar una demanda de clase contra el gobierno federal.

El recorte afectaría los servicios de una población de 550,000 pacientes de 65 años o más, a quienes se les eliminarán algunos de los beneficios opcionales. Además, implicaría un costo agregado de $120 millones para el Gobierno en 2017, debido a que la administración paga $10 para equiparar cada cubierta de Medicare Platinum a la cubierta del programa de Mi Salud, debido a que son personas médico-indigentes que cualifican para el programa de salud gubernamental, pero reciben los servicios a través de Medicare Advantage, según cifras oficiales.