El testimonio de Juan Maldonado destapó lo que hasta ese momento era una capa desconocida de la fallida transacción millonaria: el rol de cabilderos políticamente conectados.

Dos contratos multimillonarios para suplir artículos esenciales por la pandemia a los gobiernos de Puerto Rico y de California. Dos contratos que involucraron a cabilderos y aprovechamiento de conexiones políticas. Dos contratos que colapsaron. ¿El elemento común? Un exsecretario de Justicia republicano.

Troy King, cuyo nombre surgió esta semana en la investigación de la Cámara de Representantes sobre la fallida transacción para compra de pruebas rápidas para COVID-19 por $38 millones entre el Gobierno y la empresa constructora Apex General Contractors, es el exsecretario de Justicia de Alabama y está situado como originador no solo de esos negocios fallidos en California y Puerto Rico, sino en otras jurisdicciones.

Ya California lo refirió a las autoridades federales que están acumulando información de los negocios públicos que se han dado durante la pandemia. Particularmente, durante los primeros días de la respuesta gubernamental que han sido descritos ampliamente como el “salvaje viejo Oeste” de compras poblado por suplidores “piratas y bucaneros”.

Según reseñó la semana pasada el LA Times, King usó la compañía Bear Mountain Development Co. LLC para, con el cabildero Paul Bauer como contacto local, inaugurarse como suplidor del estado de California mediante tres contratos emitidos sin ir a competencia, uno de los cuales era por $800 millones para proveer 400 millones de máscaras quirúrgicas y 200 millones de caretas (“face shields”).

Pero California tuvo que cancelar ese acuerdo ya que, para el 2 de mayo, cuando se supone hubieran recibido 60 millones de los protectores y 120 millones de las máscaras, solo les habían entregado 489,000 caretas y 9.7 millones de máscaras.

Distinto a la transacción de las pruebas en Puerto Rico, el estado no adelantó pagos en ese negocio aunque sí adelantó pagos en otros contratos con otros suplidores que se cayeron cuando, como ocurrió aquí, los bancos alertaron que la magnitud de los pagos era sospechosa.

Además de esa transacción, King también es el protagonista de otro negocio fallido, esta vez para proveer seis millones de mascarillas N95 al Departamento federal de Asuntos del Veterano (VA, por sus siglas en inglés) por $34.5 millones, lo cual hubiera representado pagar las máscaras a 350 por ciento de sobreprecio, de acuerdo al precio del manufacturero.

Después de indagaciones del medio especializado ProPublica, el VA abortó la transacción y la refirió a su Inspector General, mientras, la agencia acumulaba 20 muertos por COVID-19 en su equipo de trabajo.

Parecido al negocio de las pruebas en Puerto Rico, en este contrato con el VA, también otorgado sin competencia, King sería el “fixer” o el conector entre la compañía que tenía el negocio con el gobierno y una empresa distribuidora que, a su vez, era la que tenía el contacto con el manufacturero de las mascarillas.

King cobraría una comisión de acuerdo al volumen de producto que se entregara. Al frente de todo estaba Robert Stewart Jr., jefe de Federal Government Experts LLC, una empresa de consultoría de tecnología que no había manejado artículos médicos antes y que, distante de la pericia que reclama en su nombre, se lanzó al negocio del VA con “un corredor que no conocía, comprándole a un vendedor que no conocía y con financiamiento de alguien que no conocía”, como resumió ProPublica.

Los contactos de Troy King en Puerto Rico

King sirvió como secretario de Justicia en Alabama, un puesto electivo, de 2004 a 2011 y sufrió una contundente derrota este año al intentar ser candidato congresional por el Partido Republicano. Como candidato, definió que ser del Distrito 2 de Alabama significaba “tener nuestras pistolas cargadas, nuestras Biblias abiertas y que no huimos de una pelea”. De seis aspirantes, King resultó cuarto lugar con 15,145 (14.5%) votos.

En Puerto Rico, como testificó en la Cámara de Representantes el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado de Jesús, su contacto local, William Tress, también está relacionado con el Partido Republicano y está registrado como cabildero ante el Senado y la Cámara de Representantes desde el 3 de febrero de 2017 para la empresa de relaciones públicas Roma B.C. Inc.

Esta corporación, cuya propietaria es Rosanna Roig Vélez, forma parte de la lista de empresas reseñadas en la página de Discover Puerto Rico y es descrita como una agencia de comunicaciones con clientes locales e internacionales, dedicada a la coordinación de eventos, planificación de convenciones y otros servicios de publicidad.

De acuerdo al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, el último contrato de Roma B.C. Inc. con el gobierno fue con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) para propósitos de “consultoría administrativa” para la comisionada residente, Jenniffer González Colón, y venció en el 2018. La legislatura de Puerto Rico asigna fondos del presupuesto anual de PRFAA para subvencionar contratos y servicios de la oficina de la Comisionada Residente.

En años anteriores, Roma B.C. Inc., tuvo acuerdos con el Municipio de Mayagüez para propósitos de relaciones públicas y con el Departamento de Educación —pacto de mayor cuantía con $153,000— para la creación de una página web. Tress también se identifica como socio de Publiplas PR, LLC.

Maldonado de Jesús, quien se sentó a declarar como abogado de Apex pero también fue gestor del contrato de pruebas rápidas con el gobierno y esperaba ganar una compensación no definida por ese contrato, no quiso especificar cómo conoce a King pero dijo que fue la persona que lo puso en contacto con un distribuidor de Arizona, 501 Nutrition, con quien podría conseguir las pruebas rápidas. Un rol similar al que King tuvo en la transacción del VA.

Cuando el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud, inquirió, Maldonado de Jesús optó por no entrar en detalles sobre su relación con King y Tress, y cómo los conoció.

En su limitada descripción, explicó que Tress lo llamó el 14 o el 15 de marzo para indicarle que representaba a “Bear Mountain, una empresa que le suministró compras al estado de California y que cree que es una buena oportunidad para Puerto Rico”. Esto, como se conoce ahora, fue una referencia al negocio con el que Bear estafó a California.

Bear Mountain está incorporada y presidida por King desde el 2014, con dirección física que la ubica a dos puertas de la oficina legal del abogado, aptamente llamada “The Law Offices of Troy King”, ambas en Montgomery, Alabama. Las empresas también comparten número de teléfono y un empleado o socio: John Warren Godwin.

Durante su término como Secretario de Justicia, King mantuvo conexiones con al menos una docena de corporaciones y no todas las divulgó en sus informes éticos. El trabajo de King como abogado después de su servicio público ya lo había ubicado cerca de Puerto Rico a través de la empresa Textile Corp. of America. La compañía de Tennessee tenía a King como asesor legal principal en 2017 cuando recibió $3 millones de incentivo del gobierno para reabrir una planta textil en ese estado. La planta nunca abrió y dos de sus dueños se declararon culpables de fraude después de usar la planta como colateral de un préstamo de $1.4 milones a favor de otra de sus compañías, Master Group USA, para que esa empresa supliera toldos a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para que se usaran en Puerto Rico tras el paso del huracán María. FEMA suspendió el contrato de $31.7 millones cuando descubrió que, contrario a sus especificaciones, los toldos fueron hechos en China en vez de en Estados Unidos.

El mismo día de la llamada de Tress, Maldonado de Jesús recibió una llamada de Manuel Agosto con una propuesta similar, pero a través de su empresa Macro Health Care, dedicada a los servicios de salud ambulatorios, administrativos y venta de equipo, entre otros. King fue quien entonces orquestó una llamada en conferencia entre Tress, Maldonado, Agosto y Andrew Beuschel, en donde se estableció la relación con 501 Nutrition, según el testimonio de Maldonado de Jesús. Agosto es dueño también de las empresas Macro Orthopedic Corp. y Macro Technologies. Beuschel es el dueño de 501.

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Tanto Tress como Agosto supuestamente desconocían a quién contactar para encaminar los respectivos productos de emergencia que decían que podían conseguir, por lo que llamaron a Maldonado de Jesús.

“Al otro día, Tress me envía un primer contrato con la empresa para que lo revisara y lo empiece a hacer. En el transcurso comienzan a consultarme y empezamos a ponderar cómo podía ser si ninguno de los dos estaba inscrito en el Gobierno para hacer negocios”, abundó Maldonado de Jesús, a manera de explicar cómo es que el negocio acaba canalizado a través de Apex, quien tenía contratos con el gobierno en el área de construcción.

Ante los ojos del Gobierno de Puerto Rico, Apex tenía contacto directo con el inventario de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 localizado en el continente australiano. Pero ahora se conoce que al momento de suscribir el contrato, el 26 de marzo tras un procesamiento “fast track” autorizado por el Task Force Médico, Apex no tenía control del inventario de pruebas que, finalmente, nunca llegó.

De hecho, ahora se conoce que debajo de Apex las capas del negocio incluían a King y Tress como corredores, a Beuschel como distribuidor, a RGJS Investment Group como representante del manufacturero en Estados Unidos y a Promedical Equipment Pty en Australia. De haberse concretado, la transacción dejaría unos $10 millones en ganancia.

Cuando el banco Oriental detuvo el pago adelantado de $19 millones que el gobierno hizo a Apex por el millón de pruebas, como ocurrió también en uno de los contratos sospechosos de California, el testimonio de Maldonado de Jesús es que procuró conocer el estado del embarque de las pruebas y contactó a 501 y a Promedical, que le proporcionaron un video en el que se mostraba el inventario de pruebas.

El truco de enviar un video mostrando un “inventario” también surgió en el negocio con el VA pero, según publicó The Guardian en su edición de Australia, la capacidad de Promedical para proveer pruebas está en serias dudas. La empresa parece haber prometido grandes cantidades de pruebas a la misma vez a distintos gobiernos, a los que mandó videos similares al que le grabaron a Apex. La empresa que está bajo investigación del gobierno australiano, fue desautorizada por la fábrica de China a la que decían que le compraban las pruebas y su dueño, Neran Silva es un convicto por violación sexual que había sido acusado de malversación como parte del proceso de quiebra de otra compañía.

A su vez, Beuschel fue encontrado culpable a nivel federal de traficar tabletas falsificadas de Viagra y sentenciado en 2015 en un caso del Distrito Sur de Florida.

NotiCel contactó a King y a Bear Mountain para conocer su rol en la transacción con APEX y validar detalles del testimonio de Maldonado de Jesús —aunque fue bajo juramento—, pero hasta la publicación de esta historia no se ha recibido respuesta. 501 Nutrition y Beuschel tampoco contestaron solicitudes de entrevista.