Por segunda vez, la FDA desautoriza pruebas rápidas que se usaron en Puerto Rico
Esta vez corresponden a las que 313 LLC vendió al Departamento de Salud, bajo la marca NovaTest.
La Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) retiró de su lista de pruebas autorizadas las pruebas serológicas de coronavirus , o rapid tests, que la compañía 313 LLC le vendió al Departamento de Salud de Puerto Rico.
La marca de estas pruebas es NovaTest.
La información trascendió inicialmente por medio del programa radial de la periodista Milly Méndez, quien entrevistó al secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y adelantó que "sin pensarlo un segundo" acudiría a buscar recursos legales para solicitar a la empresa, liderada por Ricardo Vázquez Hernández, que devuelva el dinero que se le pagó por las pruebas.
"Ahora se van a devolver y vamos a exigir el dinero que se haya pagado a la compañía. Esta mañana estábamos haciendo la petición a través de los recursos legales", aseguró más temprano en la entrevista por Radio Isla 1320 AM.
Asimismo, el secretario de Salud posteriormente emitió declaraciones escritas sobre el asunto.
“La FDA desautorizó el uso y distribución de las pruebas serológicas NovaTest, por lo que, inmediatamente, activamos los protocolos para ordenar el recogido de dichas pruebas distribuidas por el Departamento de Salud, de manera inmediata. Como principales responsables de la salud de la población, es nuestra obligación garantizar que dichas pruebas no sean utilizadas en Puerto Rico, según establecido por este ente federal”, dijo el secretario.
Además de las pruebas distribuidas por el Departamento de Salud, pueden existir otras adquiridas por laboratorios privados, por lo que la la División de Laboratorios, adscrita a la Secretaria Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud, ha notificado la información provista por la FDA, para su debida acción.
La desautorización de las pruebas por parte de la FDA puede estar fundamentada por distintas razones, entre las cuales está no haber corregido algún problema con el sistema de pruebas o no haber sometido a tiempo la documentación necesaria para otorgar un Permiso de Uso de Emergencias (EUA), entre otras razones.
“Toda persona, distribuidor o instalación de salud que tenga dicho sistema de pruebas debe coordinar el recogido de las mismas. Del mismo modo, cualquier laboratorio que haya procesado dichas pruebas, deberá comunicarse con el paciente o médico autorizado, e informarle sobre la posibilidad de resultados erróneos. Los laboratorios deben hacer disponible al paciente la repetición de las pruebas, utilizando un sistema de pruebas distinto”, explicó Verónica Núñez, secretaria auxiliar de SARAFS.
El Departamento de Salud está evaluando el uso de las pruebas NovaTest que distribuyó y que se mantienen en la periferia, pero el total no asciende a más de mil. Dicho sistema de pruebas fue adquirido por la empresa 313 LLC, bajo una orden de compra.
Tras la compañía 313 LLC incumplir con la fecha de entrega de estas pruebas y debido al precio de las mismas, se solicitó renegociar el precio de las mismas, por lo que la empresa mantiene un litigio contra el gobierno de Puerto Rico.
“He sido consistente en que es imperativo salvaguardar los recursos y los fondos del gobierno. Definitivamente, a raíz de esta notificación de la FDA, el recurso que se solicitó se reforzará para solicitar a la empresa 313 LLC, no renegociar precios, sino devolver el dinero pagado de las pruebas NovaTest”, aseguró González Feliciano.
El listado de las pruebas serológicas que tienen la autorización de la FDA es revisado constantemente; por lo que, el Departamento de Salud se mantiene atento a las guías establecidas para tomar decisiones respecto a la administración de las pruebas adquiridas.
Las entidades que hayan recibido pruebas NovaTest por parte del Departamento de Salud, pueden notificarlo a través del buzón electrónico rapidrecall@salud.pr.gov
Trasfondo
La cantidad que se le pagó a 313 LLC, y que ahora el secretario prometió traer de vuelta, corresponde a $3.6 millones por 101,500 pruebas, de las que solo se entregaron 45,000; y Salud utilizó menos de 500.
Salud pagó por adelantado el 100 por ciento de la compra, a pesar de que la orden estipulaba que solo debía pagarse un 60 por ciento al momento del pedido y el otro 40 por ciento al momento de la entrega.
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Esta sería la segunda vez que en una lista de pruebas de COVID-19 desautorizadas por la FDA aparece una marca que el Gobierno de Puerto Rico adquirió.
La primera vez fue hace casi un mes, cuando figuró en la lista una marca que pretendía vender la constructora Apex General Contractor en su fallido negocio de $38 millones.
Al momento, Vázquez Hernández es cuestionado por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Juan Oscar Morales, para que divulgue cuánto ganó su compañía en la venta.
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Como parte de la petición, Morales pedirá al juzgado que ordene a Vázquez Hernández a entregar copia de las facturas con el precio de adquisición de las pruebas rápidas para determinar el margen de ganancia de la polémica transacción.
Vázquez Hernández se había negado a declarar ante la Comisión de Salud aduciendo que coopera con autoridades estatales y federales que también investigan la polémica compra.
Ayer arribó al Salón de Audiencias Severo Colberg Ramírez, del Capitolio, luego de que el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan ordenó que compareciera a responder las preguntas de los legisladores.
No obstante, rechazó divulgar el monto de su ganancia, alegando que la pregunta no era pertinente por ser un tema “de negocios”.
“Claro que es pertinente. Son pruebas que pagó el pueblo de Puerto Rico. Le está negando al pueblo de Puerto Rico una información que debe ser pública, en cuánto las compró y en cuánto las vendió. Lo esta negando. Dígalo de frente a todas las personas que lo están escuchando, que ellos no merecen conocer en cuánto las compró y en cuanto las vendió, dígale eso. Que no puede saber en cuanto las adquirió, dígale al pueblo eso. La pregunta es sencilla: ¿en cuánto las compró?”, ripostó Morales.