El gobernador Ricardo Rosselló dijo que su equipo de trabajo aún analiza el posible impacto fiscal que tendría convertir en ley una medida que otorga mayores poderes a los pacientes al momento de radicar querellas contra las aseguradoras.

Aunque el proyecto fue aprobado unánimemente por las cámaras legislativas, aún no ha sido firmado por el gobernador debido a la oposición de algunas aseguradoras que sostienen que la medida aumentaría en $300 millones el costo del plan de salud del gobierno.

'Si el impacto fiscal no inhabilita la ejecución del plan fiscal o si es relativamente pequeño o no existe por supuesto que esa ley se va a firmar. Por supuesto que se va a firmar máxime cuando fue una ley que tuvo el apoyo unánime de la legislatura', aseguró el gobernador.

El proyecto, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz enmienda la Ley Habilitadora de la Oficina del Procurador del Paciente para darle más poder a los pacientes al momento de radicar querellas contra las aseguradoras. La medida fue aprobada de forma unánime por ambos cuerpos legislativos.

La Cámara de Representantes enmendó la pieza legislativa para que el proceso de revisión y apelación de querellas contra las aseguradoras sea realizado por un ente independiente, lo que según las aseguradoras provocaría que se tengan que aumentar las primas en el plan de salud del gobierno.

Según el gobernador, su equipo de trabajo está haciendo lo que de ordinario hace con todos los proyectos que es evaluar su impacto fiscal. 'Es viendo a ver si en efecto tiene un impacto fiscal o no. Yo no puedo adelantar si lo tiene porque hay dos narrativas que se han establecido y lo que estamos haciendo es investigando', declaró Rosselló Nevares.

El Primer Mandatario además recordó que dentro del contexto fiscal esta y toda ley como tiene que pasar el análisis del impacto fiscal para que no se incumpla con el plan fiscal certificado. Este señaló que se tomará la decisión luego de la evaluación que hace su equipo de trabajo.

'Nuestra aspiración es darle más poder a los ciudadanos', puntualizó Rosselló en conferencia de prensa tras firmar varias enmiendas a las leyes 20 y 22.

El presidente de la comisión cameral de salud, Juan O. Morales y el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos han rechazado que el impacto fiscal de la medida sea de $300 millones y sostienen que la legislación beneficia a los pacientes que buscan proteger sus derechos contra las determinaciones de rechazar servicios o tratamientos médicos que en ocasiones toman las aseguradoras. Morales confirmó públicamente que las aseguradoras cabildean en La Fortaleza para que el gobernador vete la medida.

Rosselló Nevares afirmó que las aseguradoras se verán impactadas por los recortes en gastos administrativos en la reforma de salud. Mencionó que posterior a eso su administración configura un nuevo modelo en el sistema de salud del gobierno que reduce el pago a las aseguradoras para aumentar la competencia entre estas.

'Estamos recortando 300 millones en el plan de salud. Parte de eso es reducción en el gasto administrativo. Obviamente, impacta a las aseguradoras', declaró el gobernador.

De otra parte, el gobernador defendió la resolución conjunta de la cámara 188 que según este asegura los pagos de los pensionados del sistema de retiro. Contrario a las denuncias del Capítulo de Jubilados y Pensionados de la Federación de Maestros, Rosselló Nevares sostuvo que la medida es positiva y no representa una amenaza a estos.

'Los retirados no tienen que temer, todo lo contrario. La medida es positiva... salva y garantiza el sistema de retiros', aseguró.