El plan de salud público Mi Salud no sólo representa uno de los renglones de gasto público más grande para el gobierno de Puerto Rico, sino que se ha convertido en un tren financiero sin control donde los gastos han ido aumentando a pesar de que la población servida baja y a pesar de que se le inyectaron fondos federales adicionales.

Así queda expuesto en el más reciente informa de auditoría de la Oficina de la Contralora y que hace un análisis de cuánto pagaba la Administración de Seguros de Salud (ASES) por cada beneficiaron del programa en 2001 y cuánto paga en 2015.

El hallazgo es que, a pesar de que en el 2001 habían 1,770,531 beneficiarios y en 2015 bajó a 1,569,846, una reducción de 11.3%, los costos por asegurado han subido de $737 en 2001 a $1,762 en 2015, o lo mismo que un aumento de 139%.

Esto coloca al renglón de la salud, el segundo de servicios que más fondos públicos tiene asignado, en una situación muy similar al de educación, el primero de más fondos asignados, en el sentido de que ambos han experimentado una reducción de la población a la que sirven, sin embargo, ambos han visto aumentos en sus costos.

Al pedírsele a la ASES que explicara este aumento, la respuesta a través de una portavoz fue que 'se debe principalmente a la inclusión, a partir del comienzo del nuevo modelo que comenzó en abril de 2015 (MCO, por sus sigas en inglés), de nuevos servicios mandatorios cubiertos por ACA/Obamacare como por ejemplo: trasplante de órganos (tejido, córnea, hueso), métodos contraceptivos, medicamentos especializados, y la extensión de edad en vacunas hasta los 21 años'.

Lo que implica que el aumento se debió a lo que las aseguradoras con contrato de Mi Salud pensaron que iban a gastar con los servicios nuevos y no necesariamente a la experiencia de uso real por parte de los beneficiarios de estos servicios.

Además, la aplicación aquí del Obamacare, que el gobierno de Puerto Rico tuvo que aceptar para los beneficiarios de Mi Salud pero cuya aplicación completa bloqueó para las personas del sector privado que no tienen seguro médico, vino acompañada de un aumento en fondos federales que se supone que ayudara en la implementación de los cambios, y que durara hasta 2019.

Sin embargo, la auditoría de la Contralora consigna que esos fondos se van a acabar en 2017, es decir, dos años antes de que se supone que se acabaran. Las razones para esto no se explican con mayor detalle en la auditoría excepto que es una proyección basada en el ritmo con el que la ASES ha estado consumiendo esos fondos.

La consecuencia es que, si llega la fecha de extinción de los fondos y no se ha identificado una fuente alterna de financiamiento o no se ha variado el ritmo de gasto, el Fondo General tendría que absorber los $1,300 millones anuales que representan esa asignación federal para correr Mi Salud a sus niveles actuales.

La ASES dijo a la Contraloría que planifica atender esta realidad con medidas como: sacar de Mi Salud a los policías y a los empleados públicos que no sean médico indigentes, fiscalizar mejor a los proveedores de salud, la coalición que mantienen con el sector privado para cabildear por más fondos de salud en la capital federal, y eliminar la posibilidad de que los municipios que tienen instalaciones de salud puedan usar eso para negociar una reducción en su aportación al plan público.

Vea también:

ASES desembolsó millones por pagos de primas de beneficiarios fallecidos (documentos)

Informe de la Contralora sobre ASES - NotiCel_17664