La Administración de Seguros de Salud (ASES) propuso a los alcaldes retener el 30% de las aportaciones municipales presentes y futuras si actualmente los ayuntamientos administran una instalación de servicios de salud debidamente traspasada por el Gobierno Central.

De esta manera, la ASES intenta llegar a un acuerdo sobre la imposición del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de que se remita a la ASES los $28 millones de aportaciones municipales actualmente bajo la custodia delCentro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), para que puedan entonces obtener un nuevo financiamiento de $150 millones.

El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jorge Márquez Pérez, explicó a NotiCel que la ASES también propuso que el restante 70% de las aportaciones fueran destinadas a dicha dependencia gubernamental. Resaltó que el 30% que van a retener los ayuntamientos es el equivalente de los gastos directos e indirectos de los municipios por la prestación de los servicios de salud.

Según Márquez Pérez, se acordó que a través del CRIM se mantendrá abierta la comunicación con los 11 municipios que han expresado algún tipo de oposición.

Los requisitos de la ASES es que los ayuntamientos tengan a su cargo una instalación de salud debidamente traspasada por el Gobierno Central. Esa instalación de salud no puede estar financiada completamente por una entidad privada.

En la tarde del miércoles, el director de la ASES, Ricardo Rivera, confirmó a este diario la propuesta y dijo que ya le habían entregado al CRIM copia de la lista de los municipios que cualifican.

De los 11 municipios que habían paralizado que el CRIM remitiera las aportaciones, foco de la controversia por el pote de $28 millones, ya la ASES llegó a acuerdos con Canóvanas, Maunabo y Río Grande.

Mientras la ASES determinó que Cayey y Yabucoa cualifican para los requisitos impuestos por la dependencia y esperan a que sus respectivos alcaldes acceden a la propuesta.

En el caso de Manatí, Mayagüez y Santa Isabel, la ASES todavía espera por la entrega de unos documentos para validar si cumplen con los requisitos.

A su vez, la ASES señaló que Cataño, Jayuya y Juncos, no cualifican. Según Rivera, estos tres municipios todavía tienen espacio de apelar la determinación, y de persistir alguna diferencia, recurrir al foro judicial.

Ante este cuadro, reclamó que Manatí, Mayagüez, Santa Isabel, Cataño, Jayuya y Juncos, al menos liberen el 70% de sus aportaciones mientras resuelven sus respectivas controversias.

Abordado si la propuesta contaba con el aval del BGF, Rivera manifestó que aunque no es la recomendación exacta que le hizo la institución financiera, les 'ayuda muchísimo'. Reiteró que existe un compromiso de parte del agente fiscal general del BGF, Ángel Vega, de correr nuevamente los modelos de pago a las entidades que manejan las regiones de Mi Salud, luego del abono de $44.3 millones que hicieron la semana pasada sobre la deuda que mantienen con los proveedores por los contratos que vencieron el pasado marzo. De hecho, destacó que Vega estuvo en la reunión en la que también participó el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez.

Entretanto, el alcalde de Río Grande, Ángel González, detalló que el acuerdo al que llegó con la ASES es que el municipio va a retener $1.4 millones de los $6 millones que reclamaba el ayuntamiento por los gastos en la operación de la Sala de Emergencia. El acuerdo se produjo tras una demanda radicada por el municipio.

De otro lado, tanto Márquez Pérez como Rivera aclararon que la negociación con ASES es desligada de la controversia que mantiene el BGF con el CRIM por la petición de la creación de un fideicomiso.

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