Ante el difícil cuadro fiscal de la agencia, el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera, solicitó al Senado dar paso a varias medidas en adición a aprobar el presupuesto recomendado de $2,823 millones y permitir obtener un financiamiento sin tope, tales como limitar la elegibilidad de empleados públicos al Plan de Salud del Gobierno (PSG) así como el derecho de ciertos municipios a negociar sus aportaciones.

Entre los empleados que ASES excluiría de Mi Salud se encuentran los policías, quienes a cambio podrían optar por los planes ofrecidos bajo la Ley 95 con un aumento en la aportación patronal de $200 mensuales, así como a los trabajadores públicos que no son médico-indigentes. En cuanto a los municipios, excluiría a aquellos que tienen facilidades de salud obtenidas del Gobierno Central.

Otra de las medidas recomendadas es que se enmiende la Ley 72 de 1993 para que se clarifique que el presupuesto base para las aportaciones de los municipios al PSG es la del año 2004-2005.

De acuerdo a Rivera, la cantidad de empleados públicos que se acogen a Mi Salud no llega ni a 1,000 personas, 'pero la cantidad de esfuerzo organizacional, de estructura que hay que invertir para hacer eso viable, es idénticamente igual como si se acogieran 100,000 personas. Y para lo que se recibe, no vale la pena invertir tanto dinero en la estructura'.

'Si no tomamos acción, la situación de ASES va a deteriorarse', sentenció Rivera durante una vista pública de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado.

El presidente de la Comisión, José Rafael Nadal Power, le aseguró que dicho cuerpo legislativo va a atender de forma rápida el Proyecto de la Cámara 2501. Esta medida permitiría a ASES acceder a un préstamo, emisión de bono o línea de crédito sin el tope de $187 millones dispuesto en la Ley 173 de 2010.

Rivera, explicó a NotiCel que la idea es tener flexibilidad antes de que culmine el proceso de negociación con los inversionistas, quienes le han ofrecido otro tipo de financiamiento por $150 millones en vez de una línea de crédito rotativa. Este financiamiento sería por un año con opción a renovar a una tasa entre 9% a 11%.

De acuerdo a Rivera, aunque esta transacción es distinta a la que habían solicitado a los inversionistas y a la que hasta el pasado marzo estuvieron utilizando a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), su objetivo es que dicho financiamiento se estructure internamente como una línea de crédito en la que se depositan los fondos en una cuenta que luego se giran para el pago de las primas.

Abundó que de los $150 millones que se obtengan, $100 millones son para sufragar gastos mensuales y los restantes $50 millones para abonar a la deuda de $200 millones que tiene con los proveedores al 31 de marzo de 2015.

Abordado sobre si cree favorable que la ASES incurra en una obligación por un financiamiento a corto plazo a un interés tan alto, el funcionario manifestó que 'obviamente uno aspira a tener el interés más bajo posible Sin embargo, dentro de las circunstancias de todo el ruido y la situación fiscal, el ‘grading' (clasificación) de nuestros bonos está ya en chatarra, pues un 9% y 11% es bastante bueno dentro de las circunstancias en que vivimos. Si fueran otras, si hiciéramos esa pregunta 3 años atrás, pues eso sería un escándalo, porque años atrás era 7% y 8% lo que el mercado daba'.

Aunque la medida le permitiría obtener un préstamo o emisión de bono a la par de una línea de crédito, Rivera, aseguró que es algo que ve poco probable que ocurra. Pero, indicó que el proyecto 'le permite (a la ASES) tener cualquier mecanismo financiero que le ayude en su operación. No necesariamente los dos a la vez, porque acuérdate que esto está altamente atado con las exigencias de los inversionistas y los que te prestan, y ellos siempre van a estar tratando de buscar que sea lo menor posible (la deuda), para ellos garantizar el retorno de lo que ellos te prestaron. Así que yo no creo que dé para las dos cosas'.

Al cuestionarle cuál sería la garantía de repago, Rivera indicó que los inversionistas le han estado pidiendo que sea a través del gobierno federal, algo que 'no va a pasar'. Se habló también de que la garantía la dé el BGF, pero el funcionario está intentando negociar otras opciones como, las cuentas por cobrar de la ASES que ascienden entre $120 millones a $130 millones, o propiedades del Gobierno que se puedan poner como colateral.

En otros aspectos, Rivera, sostuvo durante la vista pública que con el cambio de modelo a uno de organización de manejo de cuidado de la salud, implementado el pasado enero, y con el incremento de beneficios en la cubierta de Mi Salud, los gastos han subido.

Según el funcionario, al negociarse una prima mayor con las cinco aseguradoras, se creó un déficit de unos $115 millones, que se logró eliminar con medidas para contener costos, las auditorias de las aseguradoras, negociando contratos con la industria farmacéutica, entre otras iniciativas.

Sin embargo, dijo que el pasado marzo con la incertidumbre que surgió por la situación fiscal de la ASES, los gastos por utilización médica alcanzaron los $300 millones, lo que representó un alza de unos $80 millones. Esto provocó un déficit de $50 millones para el 30 de junio de 2015.

También en marzo surgió la falta de pago a los proveedores, cuya deuda asciende a $200 millones, de los cuales $121 millones son por reclamaciones a servicios médicos, $29 millones por reclamaciones de las farmacias, $50 millones por los pagos de administración y de prima a Triple S, APS, MC-21 y Abarca.

'Esta deuda se paga poco a poco con el dinero que sobra del pago de la prima (a las aseguradoras)', al parear los fondos federales con los estatales, apuntó. Para saldar la deuda con los proveedores, sin contar con una línea de crédito u alguna otra opción de financiamiento, Rivera dijo que se demoraría un año.

De otro lado, las cuentas por cobrar ascienden a más de $120 millones, de los cuales $48 millones son deuda de los municipios por las aportaciones patronales, $75 millones son otra deuda de los municipios por las aportaciones establecidas en la Ley Orgánica de la ASES, y $6 millones es la deuda de las agencias por la Ley 70 y los servicios a mujeres embarazadas que dispuso la Orden Ejecutiva 2012-53.

'Si yo no tuviera estas cuentas por cobrar, no estaríamos hablando ni de línea de crédito ni de financiamiento, pues tendría $200 millones', puntualizó Rivera.