A días de que el juez federal Jose A. Fuste llamara la atención del país porque el problema de educación especial lleva 34 años en el tribunal sin una solución, el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio le solicitó al Tribunal Federal que reabra el histórico pleito de clase de Roberto Navarro Ayala v. Rafael Hernández Colón, ante las continuas violaciones del Gobierno a la resolución firmada hace 37 años para atender las deficiencias en el sistema de salud mental de la Isla.

En la solicitud presentada en el caso de NavarroAyala,el juez federal FranciscoBesosaestableció el 14 de octubre como fecha final para que Justicia local conteste. 'Es un caso que data de los setenta, por lo que habremos de localizar los expedientes y contestaremos dentro del término establecido', puntualizó la portavoz de Justicia,AmberLeeVélez.

El pedido pudiera provocar que se reasigne un monitor federal para los servicios de salud mental después de que en 1977 se firmaran estipulaciones para resolver la controversia.De esta forma, la lista de sistemas del Gobierno de Puerto Rico que han estado, o están,bajo monitoreo de un tribunal debido a la incapacidad administrativa para resolver sus problemas, ya incluyen a corrección de adultos y menores, educación especial, Policía, y salud mental.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña Pro Salud Mental, Inc. (NAMI-Puerto Rico), Silvia Arias, opinó que hay que esperar a ver por la respuesta del Tribunal sobre la solicitud de reabrir el caso presentado en el 1974 por un paciente diagnosticado con esquizofrenia y el síndrome de Stevens-Johnson, quiendenunció problemas de hacinamiento, atención inadecuada, y las duras condiciones dentro del Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras. En el 1985, el Tribunal nombró al exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, David Helfeld, como el monitor que velaría por el cumplimiento de las estipulaciones.

Arias determinó que, 'hace rato hay motivos sobrados para conseguir que se nombre un monitor… No me sorprende, y hasta me alegro que alguien lo traiga a la atención del Tribunal (las violaciones que se han cometido a las estipulaciones del caso)'.

A su vez, la senadora Rossana López León, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, manifestó a este diario que 'no tiene ningún problema' con que el Tribunal Federal reabra el caso y nombre un monitor, si esto tiene el efecto de garantizar mejores servicios a los pacientes de salud mental.

En la moción radicada el pasado 26 de septiembre, el Grupo alega que desde que el caso fue cerrado en el 2005 por el juez federal Héctor Laffitte, el Gobierno ha 'fallado en mantener el total de los equipos interdisciplinarios para un plan de tratamiento comprensivo a los pacientes, Durante años, los demandados han fallado en reclutar psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos y manejadores de caso para mantener el equipo de tratamiento completo'.

De hecho, destacan que incumplir con lo estipulado en los planes de rehabilitación provoca mayor tiempo de espera, y un alto volumen y riesgos en el manejo de los pacientes.

También se denunció que la administración García Padilla está atentando contra los servicios que se ofrecen en los centros de salud mental a los pacientes dados de alta del Hospital Psiquiátricoy arriesgando las unidades de intervención de crisis. Este diario supo que mayormente estos servicios se canalizan al Centro de Salud Mental de San Patricio.

Según el Grupo, en septiembre de 2013 muchos contratos de psiquiatras, trabajadores sociales y psicólogos no fueron renovados, pero tampoco se reclutó un personal nuevo para los centros de salud mental.

'Para colmo de males, el viernes 19 septiembre de 2014, la administradora de ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción), Carmen Graulau (Serrano), anunció verbalmente a algunos empleados de San Patricio que los servicios ambulatorios del Centro de Salud Mental de San Patricio se privatizarán contrario a lo que informaron al Tribunal el 12 de abril del 2003', sentenció elpresidente del Grupo, Víctor Báez.

Supuestamente, Graulau Serrano, también les dijo que todos los empleados regulares del Centro serían transferidos a otras instalaciones de ASSMCA que no fueron identificadas. En adición, los demás proveedores tendrían que negociar sus contratos con la aseguradora APS Healthcare, que actualmente maneja la cubierta de salud mental de Mi Salud.

De hecho, el mismo día que el Grupo radicó la moción en el Tribunal Federal, Graulau Serrano, envió un comunicado de prensa para anunciar los cambios que a partir de octubre se harían en la prestación de los servicios ofrecidos por ASSMCA. La justificación es evitar la pérdida de unos$35 millones que el gobierno federal le asigna a la agencia.

'Es vital reorientar los servicios ofrecidos por ASSMCA hacia aquellas áreas de necesidad que no son cubiertas por los ofrecimientos del Plan de Salud del Gobierno. Esta reorientación nos encaminará al desarrollo de un sistema de servicios más eficiente y dirigido a maximizar los recursos con que disponemos para beneficio de los pacientes', apuntó la funcionaria.

En el 2013 se mencionó que unas nuevas regulaciones sobre el uso de los fondos federales de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) limitaría la población que ASSMCA podía atender en sus centros, pues no podría brindar servicios a los beneficiarios de Mi Salud a través de APS y se tendría que dar prioridad a las personas no aseguradas.

Para Arias, ante esta directriz,ASSMCA tendría que enfocarse en brindar servicios de recuperación, como terapias psicosociales y ocupacionales a los beneficiarios de Mi Salud.

En su reciente parte de prensa, ASSMCA dice que utilizaban los fondos federales otorgados por SAMHSA para brindar los servicios ambulatorios en los centros de salud mental de Moca, Mayagüez y San Patricio. Entre los pacientes que se les brindaban servicios había beneficiarios de Mi Salud.

'Para beneficio de nuestros pacientes, estamos en conversaciones con el proveedor de servicios de salud mental de ASES, APS, para que mediante un Acuerdo Colaborativo con la ASSMCA continúe el tratamiento de nuestros pacientes, en nuestras instalaciones y con los mismos profesionales que actualmente contratan con la ASSMCA y son proveedores de APS. La negociación con APS cubrirá todas las áreas de interés y necesidades de los pacientes y cumple con las exigencias del gobierno federal', señaló Graulau Serrano.

Sin embargo, López León, indicó que tiene un compromiso de Graulau Serrano de que ASSMCA no concretará dichos cambios hasta tanto se obtenga la autorización de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), para manejar ciertos fondos de Medicaid para no tener que delegar funciones a APS.

López León detalló que se reunió con el administrador asociado de la Región 2 de CMS, Michael Meléndez, durante su reciente visita a Puerto Rico, y 'él está en la mejor disposición para trabajar en que ASSMCA pueda recibir fondos de Mi Salud, para que ASSMCA pueda seguir ofreciendo los servicios en San Patricio, Moca y Mayagüez'.

La legisladora añadió que CMS ya ha entrado en comunicación con la propia SAMHSA para llegar a un acuerdo.

Mientras, el Grupo a través de la moción presentada ante el Tribunal han reprobado la intención del gobierno de 'contener costos' mediante la delegación de las funciones de ASSMCA a APS, un servicio que aseguran es desintegrado y de pobre calidad.

'Somos pacientes que necesitamos continuidad de cuidados. Para construir una relación no siempre es fácil y muchos de nosotros hemos estado en tratamiento con el mismo médico durante muchos años y estamos libres de síntomas. Algunos de nosotros hemos sido capaces de trabajar y lograr una vida independiente gracias a los servicios que la Honorable Corte protegió para nosotros durante muchos años. Pero una vez más, la parte demandada en una clara violación de la Orden de la corte y la ley, ponen nuestra salud mental y física en riesgo', concluyeron.

Moción Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio-NotiCel_8846

Cierre del pleito de clase de Roberto Navarro Ayala -NotiCel_8847

Estipulaciones del pleito de clase de Roberto Navarro Ayala -NotiCel_8848