Al menos cinco de las más de 10 resoluciones de investigación que conllevarían multa en casos por 'hospitalistas' quedaron en nada, luego de que la Oficina del Procurador de la Salud solicitara su cierre y archivo, así como la querella que dio origen al proceso.

El 16 de julio, el hoy exprocurador Carlos Mellado notificó que la oficina que dirige había enviado sobre 10 resoluciones con la intención de imponer multas que ascendían a $80,000 por supuestas violaciones a la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente.

Sin embargo, el 15 de agosto, la directora de la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Dinorah Collazo, firmó mociones solicitando el cierre y archivo de cinco casos, lo que dejaría sin efecto las multas de $5,000, que juntas sumaban $25,000.

En cada una de las mociones se establece que se notificó de la Resolución de la Investigación a los querellados, todos médicos del Hospital Lafayette, con la imposición de multas de $5,000 a cada uno por alegado incumplimiento de los preceptos legales de la Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes.

De igual manera, establece, se notificó copia del Informe Final de Investigación.

El procurador había indicado que el dinero de las multas se dirgiría 'para el beneficio de los pacientes de Puerto Rico', conforme con la Ley 300-2012, que creó un fondo especial en el Departamento de Hacienda.

Según las mociones, la evaluación y determinación de que en efecto hubo violaciones a la Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes fue realizada por el Dr. Guillermo Acevedo. 'La opinión médica consta por medio de un informe de evaluación de expediente que fue notificado como parte del Informe Inicial de Investigación'.

De acuerdo con las mociones, una vez cada caso fue referido a vista administrativa, se asignó a otro médico consultor de la agencia la evaluación del expediente.

'Para nuestra sorpresa, el segundo médico determinó que no se sostienen las alegaciones del Dr. Guillermo Acevedo en contra de las partes querelladas en cuanto al incumplimiento de la normativa que fiscaliza la agencia', se menciona en cada una de las peticiones de cierre y archivo.

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