La Comisión de Salud y Nutrición en el Senado está evaluando la posibilidad de derogar la Ley 3 del 2003 que permite transferir a los municipios los Centros de Diagnósticos y Tratamiento (CDT) y les impone una aportación de acuerdo a su situación fiscal y la población que sirven.

La Ley 3 del 2003 prohíbe 'la venta, cesión, permuta y enajenación de instalaciones de salud a intereses privados' y a su vez deroga la Ley 190 de 5 de septiembre de 1996, la que dio paso a la privatización de las instalaciones de salud gubernamentales.

La derogación de dicha Ley pudiera dejar abierta una vez más la posibilidad de la venta de los CDT.

El contador público autorizado Lucas Delgado Martínez, director de finanzas de la Administración de Seguros de Salud (ASES), advirtió al senador José Luis Dalmau, presidente de la Comisión, que el 80% de los fondos propios de la dependencia provienen de dichas aportaciones municipales.

La postura de ASES surgió luego que Dalmau expusiera la posibilidad de que se derogue la Ley 3 y establecer un mecanismo distinto para hacerlo más costo efectivo, por el impacto que representa para los municipios.

ASES también tuvo sus diferencias con Dalmau sobre los beneficios que ha representado para el Gobierno la puesta en vigor de la Resolución Conjunta de la Cámara 1011 aprobada en el 2011, que exime del pago de dicha aportación al municipio de Las Piedras.

A su vez el senador Ángel 'Chayanne' Martínez le solicitó a la ASES copia del listado de los municipios que administran CDT y la aportación que hacen al Gobierno.

Las expresiones de ambos surgieron en una vista pública en la que se evaluaba la R. del S. 135, que busca investigar el impacto económico del modelo de prestación de servicios de salud del Gobierno.