Ante lo que calificó como un 'desquite', el procurador de la Salud, Carlos Mellado, impugnará en los tribunales la ley 77 que restablece la antigua Oficina del Procurador del Paciente por presuntos visos de inconstitucionalidad y que, en última instancia, tendrá el efecto de dejarlo desempleado.

Mellado denunció que la nueva Procuraduría del Paciente dejará desprovisto de remedios a un 55% de los pacientes con planes médicos privados y a aquellos a los que se le viola la prestación de servicios de salud en agencias o corporaciones públicas, puesto que su jurisdicción se limitará a los pacientes adscritos al plan del gobierno Mi Salud.

'Estamos perdiendo toda la jurisdicción y la Oficina del Procurador del Paciente quedaría bien desprovista y no tendría garras para poder defender el derecho del paciente. La ley no da protección al paciente y, en cierta manera, indirectamente, proteger a las aseguradoras porque ahora mismo no van a tener ningún tipo de sanción', criticó Mellado, quien estableció que la nueva ley socava la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente.

El funcionario recordó que bajo la actual Oficina del Procurador de la Salud los pacientes de Medicaid, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la ACAA, y pacientes con planes privados de salud acuden a esa dependencia para buscar remedios cuando se les niegan servicios de salud y la Oficina podía ir en contra de ellos, lo que se elimina con el nuevo estatuto.

'Se crea la nueva Oficina del Procurador del Paciente, lo que pasa es que nosotros entendemos que tenemos un nombramiento por 10 años y tenemos los fundamentos para sostenerlo en ley y nosotros permaneceremos aquí. Todavía Fortaleza no se ha comunicado con este servidor, todavía no sabemos cómo va a ser la transición, si es que existe algún tipo de transición. Nosotros hemos analizado la ley y vamos a tomar todos los recursos en ley y vamos a radicar un injunction esta semana para paralizar la ley y de que se eche hacia atrás', dijo Mellado.

'Esta ley sin lugar a dudas tiene un montón de vicios. Tiene (visos de) inconstitucionalidad. Nuestros abogados han indicado que pudiera haber una violación de derechos constitucionales. Nuestra interpretación es que se le ha quitado jurisdicción a nuestra Oficina y, en efecto, se le cambia el nombre', indicó.

La nueva ley entra en vigor el 24 de agosto y provee un período de 30 días para la transición, término que está corriendo, pero aún no han recibido comunicación de La Fortaleza.

NC: Más allá de que usted fue nombrado por la pasada administración: Qué intenciones, usted ve detrás de esto? Usted tiene mala comunicación con el Gobernador o con el Secretario de Salud?

'Yo no tengo mala relación con ninguno de ellos. De hecho, el Gobernador y yo hemos hablado. Yo creo que la ley fue creada a toda prisa y creo que más allá, de quizás, de que exista un complot para sacarme a mí, fue creada como un desquite quizás y pues definitivamente nosotros pedimos que hicieran el análisis legal. No creo que se deba trastocar la figura de ningún procurador', replicó.

NotiCel le preguntó por parte de quién sería 'el desquite' que imputó.

'Lo digo con todo respeto, la senadora Rossana López fue sacada de una manera que yo creo que nadie en Puerto Rico le gustó de la manera que fue sacada. Si cada cuatro años que venga un gobierno va a trastocar la figura de un procurador, que es una persona que está independiente del gobierno para hacer señalamientos del gobierno o de empresas privadas en beneficio del sector que defiende, pues entonces la figura de un procurador no tiene validez porque cada cuatro años se va a estar cambiando', sostuvo.

Mellado llamó la atención a que el contrato de Triple S con la Administración de Servicios de Salud (ASES) libera a la aseguradora de la imposición de sanciones por incumplimiento de contrato con los pacientes.

'Triple S sencillamente administra la tarjeta, pero en última instancia quien tiene el riesgo total es ASES, por consiguiente la nueva Oficina del Procurador del Paciente si va a llevar un recurso, si va emitir una multa contra Triple S, Triple S no es quien responde, respondería ASES, pero le han quitado la jurisdicción', advirtió.

Dijo que la Ley 77, además, permite a los proveedores de servicios de salud, las aseguradoras y hospitales a negarse a suministrar documentos o información privilegiada por otras leyes, lo que afirmó afecta directamente a los pacientes que denuncien que se les negaron servicios médicos o de salud.