La resolución fue aprobada en la sesión de la Cámara de ayer.

La Cámara de Representantes, en la sesión ordinaria de ayer, aprobó una medida para investigar el plan del gobierno en Vieques y Culebra ante la posibilidad de un desastre natural, como el ocurrido en 2017, con los huracanes Irma y María, en el que según la resolución 388 no se contaba “con los suministros, planes de emergencia ni la capacidad logística adecuada para una emergencia nacional”.

El proyecto, aprobado a viva voz (no fue incluido en el calendario de votación final), busca evaluar el plan del gobierno en torno a la transportación, alimentos, equipos y gasolina, entre otros suministros, para las islas municipio, en caso de un desastre natural.

Presentada por el representante José Aníbal Collazo y el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, en la resolución se establece que se pretende investigar “cuáles han sido los planes desarrollados por el gobierno central para que, de ocurrir nuevamente algún desastre natural, las isla municipio de Vieques y Culebra no sufran las consecuencias adicionales de no contar con los suministros ni los planes de emergencia adecuados para una emergencia nacional”.

Agrega que “luego del paso de los huracanes Irma y María, el gobierno de Puerto Rico no contó con la capacidad y logística adecuada de acceder a toda la Isla de forma inmediata. (...). Los municipios de Vieques y Culebra fueron de los más afectados por esta situación, ya que por su condición geográfica no contaban con acceso a suministros que no fuesen traídos por mar. Como parte de esta realidad, las islas de Vieques y Culebra deben tener planes de emergencia separados al del resto de la isla, ya que los suministros no pueden ser llevados por cualquier voluntario como ocurrió alrededor de toda la Isla”.

La medida aprobada será atendida por la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia de la Cámara, presidida por el representante Luis Ortiz Lugo.

La sesión de ayer también sirvió para aprobar otra medida, esta vez un estudio (resolución 795) ordenado a la Comisión de Turismo y Cooperativismo sobre la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín desde que pasó a manos de Aerostar Airport Holdings y los programas desarrollados a raíz de dicha transacción.

La legislación, presentada por el representante José Rivera Madera, también propone “evaluar el cumplimiento del contrato, verificar las condiciones actuales de las facilidades portuarias y los próximos proyectos”, además de indagar en los beneficios del contrato para el turismo de Puerto Rico.

En otra pieza legislativa aprobada ayer (resolución 812), se investigará la participación de la industria hipotecaria en el gobierno.

La medida, también de la autoría de Hernández Montañez, ordena a la Comisión Especial para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico investigar las transacciones autorizadas por el gobierno, sus agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades.

Con la resolución, se pretende “escudriñar” la participación de la industria hipotecaria y de bienes raíces “en la agenda de desarrollo económico del país”, así como “profundizar en la participación del notario como funcionario del Estado para proporcionar certeza y estabilidad a las transacciones realizadas, conforme a la fe pública notarial”.

También se persigue “fiscalizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en decretos contributivos e indagar sobre el impacto que tendrá la reformulación de la política pública vigente, conforme a la Ley 52 de 2022 (“Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico”).

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