Mientras, alcalde José Corcino asegura que la subasta es para que viequenses "tengan más oportunidades de adquirir terrenos y desarrollar sus casas”.

Una treitena de viequenses protestaron hoy en la Isla Nena en reclamo por una subasta de propiedades del municipio.

La manifestación, que se llevó a cabo frente al Centro de Usos Múltiples, en la plaza pública, buscó también llamar la atención sobre el proceso de gentrificación y de desplazamiento de residentes que se vive en la isla.

Según Marlilyn López, líder del grupo y maestra local, el alto costo de los terrenos, que oscilaban entre los $39,215 y los $139,840, es inaccesible para los trabajadores de la zona.

López expuso que temen un mayor desplazamiento de la población local, ya que la mayoría de los residentes de la zona serán extranjeros.

La protesta buscaba detener la subasta y que se evaluaran alternativas para que los residentes de Vieques tuvieran la oportunidad de adquirir las tierras.

“Si los terrenos se dividieran en pedazos más pequeños y la puja fuera menor, los trabajadores locales tendrían la posibilidad de adquirir tierras para sus hogares”, manifestó.

La subasta de terrenos sin estructura habitable en el barrio Puerto Ferro, según el alcalde de Vieques, José Corcino, es la continuidad del proceso iniciado en 2017 y busca revertir el plan de desarrollo que limitaba la construcción de viviendas.

“Hoy sigue el proceso de subasta de nueve terrenos en Puerto Ferro, iniciado por la administración anterior”, comentó Corcino en comunicación escrita.

Agregó que “buscamos que los viequenses tengan más oportunidades de adquirir terrenos y desarrollar sus casas”.

El alcalde aseguró que los fondos obtenidos de la venta se utilizarán para contratar expertos, incluyendo planificadores, con el objetivo de revertir el antiguo plan de desarrollo de Vieques, que no se ajusta a la realidad de la isla municipio.

“Por ejemplo, la Marina de los Estados Unidos nos devolvió unas cuatro mil cuerdas de terreno, de las cuales 350 estaban destinadas a proyectos residenciales. Pero la administración anterior cambió su zonificación a agrícola, bloqueando su uso para nuestra gente”, indicó.