El Departamento de Justicia federal llegó a un acuerdo con el municipio de San Juan para que tome medidas con el objetivo de hacer que su sistema de aceras públicas sea accesible para personas con discapacidades.

La decisión, que aún requiere la aprobación de la corte, fue adoptada luego de una demanda de privados contra el municipio que alega que San Juan violó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, ya que no brinda a las personas con discapacidades acceso equitativo a las veredas, rampas, cruces y otras instalaciones peatonales del municipio.

Una futura evaluación e informe de obstáculos en las aceras proporcionará la base para que las partes negocien una resolución final de la demanda.

La fiscal general auxiliar Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, afirmó que “las aceras de la ciudad deben ser accesibles para que las personas con discapacidades puedan participar igualmente en la vida comunitaria y disfrutar de los muchos beneficios que se derivan de poder circular con seguridad por las calles y aceras de la ciudad”.

Según la funcionaria federal, el acuerdo estipulado "pone a San Juan en el camino para hacer que sus aceras públicas sean accesibles y continuaremos trabajando con San Juan para garantizar que siga ese camino hasta su conclusión y logre el acceso completo al programa”.

El acuerdo establece que San Juan contratará a un consultor de accesibilidad externo para realizar una evaluación "integral" del sistema de aceras públicas del municipio e identificar las barreras para las personas con discapacidades.

El municipio también creará un proceso para que las personas informen las barreras y soliciten la instalación o reparación de rampas y aceras.

Además, San Juan brindará capacitación sobre los estándares de accesibilidad de la Ley ADA a los empleados municipales que supervisan los trabajos de construcción, reparación o mantenimiento relacionados con el sistema de aceras públicas.

Igualmente, el ayuntamiento contratará a arquitectos e ingenieros con licencia independientes para verificar que cualquier construcción o alteración relacionada con el sistema de aceras públicas cumpla con los estándares de accesibilidad de la Ley ADA.

Asimismo, la ciudad capital, cada vez que pavimente o repavimente las carreteras, proporcionará rampas en las aceras que cumplan con los requisitos en cualquier intersección con una acera.

San Juan también publicará un aviso de procedimiento de quejas e información de contacto del coordinador de cumplimiento de la Ley ADA, en un formato accesible y en el sitio web del municipio.

El caso está siendo manejado por la Sección de Derechos de Discapacidad de la División de Derechos Civiles y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Para el fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow "es alentadora la voluntad de San Juan de comprometer recursos significativos para comenzar a abordar la accesibilidad de su sistema de aceras públicas. La inversión y los esfuerzos continuos del municipio beneficiarán a todos sus ciudadanos y ayudarán a garantizar que las personas con discapacidades que viven o visitan San Juan puedan disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer”.