El nombre del banco ubicado en la Isla no está identificado en la denuncia presentada por el Departamento de Justicia de Estado Unidos

El actual juez presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel José Moreno Pérez, fue denunciado formalmente por el Gobierno de los Estados Unidos por realizar actividades de lavado de dinero en varias jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico.

La denuncia, con fecha del 12 de marzo de 2020, fue revelada por el Departamento de Justicia federal el 26 de marzo pasado cuando imputaron de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y otros 14 oficiales de su gobierno como parte de la ofensiva del gobierno de los Estados Unidos para sacar del poder a Maduro.

Los esfuerzos incluyen sanciones económicas contra oficiales del gobierno venezolano, sanciones contra los que hagan negocio con ciertos elementos del gobierno venezolano y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y el intento de instalar como presidente al legislador Juan Guaidó.

De hecho, un oficial de Justicia federal dijo a la agencia EFE que la intención de publicar las acusaciones y ofrecer recompensa por la captura del grupo (en cantidades astronómicas que en el caso de Maduro suma $15 millones), es incentivar al entorno de Maduro para que lo traicionen.

"La historia ha demostrado que a aquellos que no cooperan con las autoridades estadounidenses no suele irles bien", dijo el funcionario, que pidió el anonimato y ilustró su postura mencionando los casos del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega (quien murió preso) y los capos de la droga Pablo Escobar (asesinado) y Joaquín "El Chapo" Guzmán (acabado de enjuiciar y sentenciar en Estados Unidos).

La jefa de la fiscalía federal en Miami, Ariana Fajardo, indicó que la evidencia contra Moreno es que “exigió sobornos en decenas de asuntos que tenía ante su consideración en el tribunal (Supremo)… por ejemplo, como Juez Presidente del más alto tribunal venezolano autorizó la incautación de una planta de General Motors, con valor de $100 millones, a cambio de un porciento de las ganancias”. “Esto resultó en pérdida de empleo para miles de venezolanos”, añadió.

Pulse aquí para ver la denuncia contra Moreno.

La denuncia contra el magistrado Moreno, que ocupa la presidencia desde 2017, está fundamentada en la declaración juarada del agente del Departamento de Seguridad Nacional, Shauna L. Willard, y detalla que los hechos ocurrieron con un coconspirador no identificado pero descrito como un exabogado criminalista que actualmente controla una compañía de medios de comunicación en Venezuela.

Este coconspirador habría sido el conducto para que las cuentas bancarias del magistrado en Estados Unidos recibieran $3 millones de 2012 a 2016. Las cuentas reflejan una cantidad similar en gastos a través de tarjetas de crédito en Miami y un pago de $40,000 a un director, o directora, de un concurso de belleza en Venezuela.

Las autoridades federales cuentan con al menos tres testigos cooperadores contra Moreno. Uno está descrito como un “asociado” del magistrado, otro como un abogado en Venezuela y el tercero como un “confidente” del Ministro de Justicia de Venezuela. Entre los tres, delatan múltiples instancias en las que Moreno aceptó sobornos a cambio de decidir controversias judiciales a favor de los que le pagan, al punto de que su lujosa residencia en el sector Alto Hatillo, en la que tiene una colección de relojes de lujo, es resultado del pago de un soborno de una persona acusada de lavar dinero.

En un caso, Moreno habría ordenado que un acusado de corrupción saliera de la cárcel y fuera puesto bajo arresto domiciliario, a cambio del pago ilegal de $1 millón para la compra de un edificio en Caracas. De ese millón, $700,000 fueron depositados en una cuenta de un banco de Puerto Rico que es propiedad del mismo dueño vendedor del edificio de la transacción ilegal. La denuncia detalla que el banco de Puerto Rico pidió más información sobre el origen de los fondos y los asociados de Moreno proveyeron información falsa para lograr completar la transacción.

El banco de Puerto Rico no está identificado en la denuncia. El año pasado, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanó dos bancos internacionales que hacen negocios en la isla y que se sospechaba habían violado las prohibiciones de transacciones con elementos venezolanos: el Banco San Juan Internacional (BSJI) y el South Bank International. Al primero se le incautaron $53 millones que luego fueron devueltos completos por el gobierno federal (lo cual es indicativo de que ninguna parte de esos fondos estaba pendiente de un caso como el presentado contra Moreno) tras el pago de una multa de $1 millón, mientras que del segundo no se confirmó ninguna otra acción del gobierno federal ni sus representantes estuvieron disponibles para NotiCel.

Vea también:

Se hace sal y agua la trama del lavado de dinero venezolano en Banco San Juan

Antes de convertirse en magistrado, Moreno fue agente de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención y estuvo involucrado en el asesinato de un joven de 19 años, pero no fue procesado ni condenado.

En cuanto al resto de los acusados, el general venezolano retirado Clíver Alcalá Cordones se entregó en Colombia a agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA) el día después del anuncio de las acusaciones, siendo el primero del grupo que se entrega.

Las acusaciones pasaron mayormente por debajo del radar la semana pasada por la emergencia de la pandemia de COVID-19. Esencialmente, Justicia federal emitió nueve acusaciones o denuncias criminales en los distritos de Arizona, DC, Sur de Florida, Este de Nueva York, Sur de Nueva York y Sur de Texas en las que acusa que la presidencia de Venezuela y los principales cargos de su ejército están involucrados en una conspiración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para mover cocaína y armas por Centroamérica y el Caribe desde 1999 a través del “Cartel de los Soles” (en referencia al símbolo del sol en el escudo de las fuerzas armadas venezolanas).

Además de Maduro, Moreno y Alcalá, el grupo de acusados incluye al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; el vicepresidente económico Tareck El Aissami; el exgeneral Hugo Carvajal; el secretario de Interior, Néstor Reverol; el exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; el exministro de Energía Luis Motta; el exmilitar Oscar Rafael Colmenarez Villalobos; el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el antiguo subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Edylberto Jose Molina; y los exmiembros de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael Antonio Villasana Fernández y Vassyly Kotosky Villarroel.

"El Gobierno de Donald Trump en una acción extravagantemente extremista, vulgar, lanzó un conjunto de acusaciones falsas", reaccionó Maduro, mientras que Moreno reaccionó en su cuenta de Twitter con un llamado a no permitir “que nuestra Patria sea conquistada” por distintos elementos.

Twitter