En 2020 la tasa de asesinatos por cada 100,000 personas fue de 21.2, en 2021 de 18.1 y para 2022 se registró una caída a 7.8. Organizaciones humanitarias han registrado más de 6,000 denuncias de atropellos.

San Salvador.- Nayib Bukele asume nuevamente la presidencia de El Salvador con un marcado contraste entre los logros de seguridad alcanzados en su primer Gobierno y una economía con uno de los menores rango de crecimiento en la región y en constante necesidad de financiación del Ejecutivo, incluso a costa de los fondos de pensiones de los trabajadores.

Bukele, que el sábado 1 de junio tomará posesión como presidente para el período 2024-2029, logró la reelección inmediata en los comicios de febrero pasado a pesar de que la Constitución lo prohíbe, con la bandera del "combate" a las pandillas como su principal mensaje de campaña y sin prestar atención a la situación de la economía, lo que le ha valido el mayor reclamo por parte la población, según diversas encuestas.

A continuación se presentan algunas claves para entender este contraste:

1. La medida más popular

El último fin de semana de marzo de 2022, el Ejecutivo de Bukele enfrentó la escalada de asesinatos más grande desde que asumió el poder: más de 80 personas fueron asesinadas en tres días por las pandillas y una investigación del medio local El Faro sostiene que esta se dio tras el quiebre de un pacto con dichas bandas.

La medida ha dejado más de 79,900 detenciones y se ha extendido en 26 ocasiones por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, órgano que ha sido pieza vital para su implementación y asignación de recursos sin análisis ni discusión.

Por otro lado, las sanciones del Gobierno de Estados Unidos a funcionarios del círculo cercano de Bukele también han incluido acusaciones de supuestos diálogos con las maras.

2. Una reducción que no comenzó con Bukele

Bukele, que es recordado por irrumpir con militares y policías armados al Congreso cuando este era de mayoría opositora para presionar por un millonario préstamo, tomó las riendas del país cuando los homicidios sumaban al menos tres años de reducciones consecutivas.

El Salvador venía de registrar en 2015 su año más mortífero con una tasa de unos 103 homicidios por cada 100,000 habitantes y que en 2018 llegó a 50.3, una caída que se acentuó con la llegada de Bukele a 36 en 2019.

En 2020 fue de 21.2, en 2021 de 18.1 y para 2022 se registró una drástica caída a 7.8, según los datos oficiales, lo que concuerda con la implementación del régimen de excepción.

3. Violaciones a derechos humanos y dudas en las cifras

En el marco de esta medida extraordinaria, las organizaciones humanitarias han registrado más de 6.000 denuncias de atropellos, entre detenciones arbitrarias y torturas, además de 240 muertes de personas en custodia estatal.

Para el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), las cifras que presenta el Gobierno en materia de homicidios "no son veraces" a raíz de que no se incluyen muertes que administraciones anteriores sí agregaban.

Se trata de las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, de presuntos delincuentes muertos a manos de ciudadanos, las osamentas y cuerpos en cementerios clandestinos, además las muertes de detenidos, a pesar de presentar señales de violencia.

De acuerdo con el OUDH, solo en 2023 el Gobierno de Bukele dejó de contar como homicidios la mitad de las muertes violentas, dado que reconoció únicamente 154 de 309.

4. Un quinquenio de "deterioro"

En enero pasado, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) dio a conocer que la situación económica ha desplazado a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños, principalmente por los efectos del régimen de excepción.

El estudio indica que el 32.8% de la población considera que el "principal problema que enfrenta El Salvador" es la economía, mientras que el desempleo alcanzó el 17.3%.

Para el economista, José Luis Magaña, el balance de estos cinco años apunta a un "deterioro de las condiciones de vida de los hogares".

En declaraciones a EFE, Magaña destacó que la pobreza extrema monetaria "se ha duplicado", pasando de 86.000 hogares en el 2019 a 170.000 en 2023.

De acuerdo con datos oficiales, el porcentaje de pobreza general pasó de un 22.8% a un 27.2% de los hogares.

5. Crecimiento a costa de la desigualdad

Según este economista, tras la caída de la economía con la pandemia y su posterior recuperación, El Salvador comenzó a registrar porcentajes de "crecimientos leves" similares a los de décadas anteriores.

Indicó que el Banco Central informó de un crecimiento del 3.5% en 2023, pero en áreas como la agricultura han registrado un caída acumulada del 2% en el quinquenio, mientras que la baja de la industria ha sido de casi el 9% entre 2019 y 2023.

El experto detalló igualmente que la construcción "ha sostenido las cifras macroeconómicas", pero "estamos hablando de un crecimiento frágil", dado que a pesar de que genera "mucho empleo", este es "de bajo salario y de muy corto plazo", al tiempo que resaltó que El Salvador "sigue siendo el país con la menor atracción de inversión extranjera" en la región y con un alto endeudamiento.

La deuda pública a marzo de 2024 llegaba a los $30,000 millones, de los que 10,500 han sido generados por el actual Gobierno.

En este sentido, para Magaña "pareciera que hay dos países, uno donde se dan cifras muy buenas, pero la economía de los hogares no la reflejan, (...) porque esa recuperación está basada en el aumento de la desigualdad".