"Frente a este nuevo escenario, los 42 servicios del Estado no están respondiendo como deberían", indicó la organización CHS.

LIMA. - El Estado peruano incumple sus responsabilidades para combatir la trata de personas, según denunció este lunes la organización CHS Alternativo en su nuevo informe, en el que detalla que una ausencia de presupuesto y de una estrategia nacional de prevención contra este problema agrava la situación de las víctimas.

El 'IX Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil 2022-2023: Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú', elaborado por esta organización y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) destacó que la impunidad y la falta de un registro único que pueda dar a conocer con precisión el número de denuncias y víctimas son otras de las faltas del Estado peruano para combatir la trata.

Revela que existe un nuevo panorama del delito que se ha generado por el aumento significativo de la migración, la criminalidad organizada y otros fenómenos delictivos, como el tráfico ilícito de migrantes, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y el trabajo forzoso.

Destacó que desde 2017 el Ejecutivo ha dejado de rendir cuentas sobre este delito ante el Congreso, que "hoy en día enfrenta serias deficiencias en la implementación de los servicios destinados a prevenir y perseguir el crimen y atender y reintegrar a las víctimas".

El informe identificó que entre 2022 y 2023, casi el 75% de los servicios como los ministerios implicados no contaron con asignación presupuestal, ya sea para prevenir y/o perseguir el delito, así como para atender y reintegrar a las víctimas.

Asimismo, señaló que no existe una estrategia o instrumentos claros que orienten a las instituciones públicas sobre cómo desarrollar acciones efectivas de prevención y sensibilización frente al delito.

Tampoco existe un registro único de casos de trata de personas, lo que impide llegar a un consenso sobre cuántas denuncias y víctimas se registraron a nivel nacional.

En la presentación del informe, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, afirmó que pese a que el país andino ha logrado avanzar en la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas, aún tiene desafíos pendientes, como aumentar las investigaciones proactivas, reducir la tasa de impunidad, incrementar la cantidad de los servicios para las víctimas y mejorar su calidad, entre otros.

Por su parte, la presidenta de CHS Alternativo, Andrea Querol, recordó que la trata de personas no es un delito aislado, sino que es con frecuencia el último eslabón de una cadena de violencia y explotación.

Del mismo modo, que la política de los últimos años, enfocada en las restricciones de ingreso y las dificultades de los migrantes para regularizar su situación, también ha incrementado la vulnerabilidad de las potenciales víctimas, ya que, ello aunado al discurso discriminatorio y que criminaliza a los migrantes, impacta no solo en los aspectos laborales, económicos y sociales, sino que dificulta su inclusión social.