Un día después de los anuncios del Gobierno para contentar al sector.

París.- La protesta de agricultores y ganaderos franceses se desinfló este sábado, un día después de los anuncios del Gobierno para contentar al sector. No obstante, todavía siguen activos cerca de 40 bloqueos de carreteras y autopistas, algunas próximas a la frontera española.

Según un conteo realizado por las autoridades francesas, se registraron este sábado 38 bloqueos con la participación de 700 agricultores -que levantan barricadas y colocan sus camiones y tractores como barreras-, frente a los 112 del viernes, cuando se manifestaron 17,500 profesionales del sector.

La autopista A64, donde se inició el movimiento de protesta que recordó en algunos puntos al de los "Chalecos Amarillos" de 2018, empezó a despejarse, tras más de una semana de movilización.

De acuerdo con datos en directo de Bison Futé, el organismo de información sobre el tráfico, la autopista A63 que comienza en la frontera española del País Vasco ya no estaba cerrada al tráfico como el viernes, aunque tenía problemas de atascos.

Sin embargo, la Nacional 22, que conecta con Andorra, y la autopista A9, que une el sudeste de Francia con la región española de Cataluña, seguían cerradas al tráfico. En el caso de la A9 en tres puntos: en las proximidades de Perpiñán, Montpellier y Nimes.

Muchos de los manifestantes se quejan de la entrada de productos agrícolas procedentes de España, pues consideran que representan una competencia desleal por su bajo precio y que sus estándares medioambientales son peores que los franceses.

Aunque el primer ministro francés, Gabriel Attal, logró este viernes calmar los ánimos con una batería de anuncios, entre ellos una exención fiscal al gasóleo agrícola, las principales organizaciones agrícolas han pedido continuar con la movilización al considerar que las medidas no llegaban suficientemente lejos.

Jóvenes Agricultores (JJAA), una de las más representativas del sector junto a la poderosa Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), sembró este sábado la confusión al aseverar, a través de uno de sus representantes, que comenzarían a bloquear los accesos a París desde este domingo.

La declaración fue posteriormente matizada por la propia organización, que aseguró que se trata de una acción que está encima de la mesa.

Este sábado, también se realizaron algunas acciones de agricultores contra las grandes superficies, a las que acusan de comprar a precios muy bajos para llevarse elevados márgenes de beneficio, y se homenajeó a la agricultora de 35 años y a su hija de 14 que murieron atropelladas durante una protesta esta semana.

Evitar una rebelión como la de los Chalecos Amarillos

A menos de seis meses de las elecciones europeas, en las que la ultraderecha de Marine Le Pen es favorita, el Gobierno francés del europeísta Emmanuel Macron quiere evitar a toda costa que la revuelta de los agricultores tenga el alcance de los "Chalecos Amarillos", la rebelión de 2018 de las clases medias-bajas de áreas semirurales que puso a Macron en apuros.

Por ello, el primer ministro Attal no tardó en aceptar varias de las reivindicaciones del sector mientras ha ordenado a las fuerzas de seguridad intervenir lo mínimo, a pesar de que los manifestantes han incendiado al menos tres edificios públicos en los últimos días.

Además de la exención del gasóleo agrícola -lo que había encendido el movimiento contestatario-, Attal se comprometió a negociar en Bruselas una nueva derogación a la obligación de dejar un 4% de la tierra en barbecho y la aceleración de los pagos de la Política Agraria Común (PAC), de la que Francia es el primer beneficiario con 9,000 millones de euros al año como líder productor del bloque.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo reiteró que Francia no ratificará el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur -al que describió como "ley de la jungla"- y anunció medidas para relajar las reglas medioambientales de las que muchos agricultores se quejan y que promueve la UE en su Green Deal.

Precisamente, el Gobierno dio a entender que ciertas normas de Bruselas perjudican a las actividades agrícolas y agroalimentarias de Francia, sectores que representan el 3.4% del PIB del país y que da empleo al 5% de los trabajadores.