En estos casos decididos hace más de 100 años, la Corte Suprema describió a los habitantes de los territorios de Guam, Puerto Rico y Filipinas como "razas alienígenas" y “tribus salvajes”, y basó sus decisiones en la supuesta inferioridad racial de las personas que vivían allí

Doce organizaciones de sociedad civil enviaron hoy una carta al presidente Joe Biden, pidiéndole que condene públicamente una serie de decisiones de la Corte Suprema conocidas como los Casos Insulares, los cuales impiden que los residentes de Puerto Rico u otros territorios de Estados Unidos accedan a ciertos derechos y protecciones constitucionales.

En la carta también le piden a Biden que condene el régimen colonial que los Casos Insulares continúan fomentando. La petición, que llega 125 años después de la invasión estadounidense de Puerto Rico, es un paso esencial para avanzar en el compromiso declarado de Biden de promover la justicia racial.

En esta serie de casos decididos hace más de 100 años, la Corte Suprema describió a los habitantes de los territorios de Guam, Puerto Rico y Filipinas como "razas alienígenas" y “tribus salvajes”, y basó sus decisiones en la supuesta inferioridad racial de las personas que vivían allí.

“Los Casos Insulares están firmemente planteados en la supremacía blanca y aún impactan la vida de millones de personas. La supuesta inferioridad de los residentes de estos territorios es arcaica, ofensiva y racista. Por eso, a 125 años de la invasión estadounidense de Puerto Rico, le pedimos al presidente Biden que condene estos casos. Si desmantelar el racismo sistémico es realmente una de las prioridades del presidente, entonces debe combinar la retórica con la acción”, sostuvo Alejandro A. Ortiz, abogado principal del Programa de Justicia Racial, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Los llamados ‘Casos Insulares’ y sus orígenes racistas siguen sirviendo de precedente para impedir que se otorguen a los puertorriqueños todos los derechos que se les deben. Esta ha sido la situación durante más de un siglo, y estos casos han sido citados repetidamente por los tribunales y agencias federales, como por ejemplo el Departamento de Justicia, para justificar la condena de millones a una ciudadanía de segunda clase. La Administración Biden debe dejar de apoyarse de una vez por todas en este precedente obsoleto y discriminatorio, y así ayudar a cerrar un capítulo vergonzoso del colonialismo estadounidense”, sentenció Lourdes M. Rosario, presidenta y abogada principal de LatinoJustice PRLDEF.

Por su parte, Adi Martínez Román, codirectora de Right to Democracy, sostuvo que Biden tiene la oportunidad de denunciar la relación colonial, racista y antidemocrática que viven los residentes de territorios estadounidenses.

“Ciento veinticinco años después de que Estados Unidos se alejara de sus raíces anticoloniales, el presidente Biden tiene la oportunidad de denunciar la relación colonial, racista y antidemocrática que continúa gobernando a las personas en los territorios estadounidenses en la actualidad. Un paso imprescindible para solucionar esto es reconocer que existe un problema. Rechazar los Casos Insulares es una forma tangible de demostrar que Estados Unidos toma en serio la necesidad de atender finalmente esta problemática que lleva tantos años afectándonos”, dijo.

Finalmente, Lolimar Escudero-Rodriguez, asesora de políticas, de ACLU en Puerto Rico señaló: “Los Casos Insulares deben revocarse de manera que termine su impacto racista y discriminatorio hacia los Pueblos de Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos. Esta serie de decisiones han sido reafirmadas recientemente por decisiones de la Corte Suprema que se fundamentan en estas vergonzosas doctrinas. El presidente Biden debe alentar su revocación, y además, promover la provisión de reparaciones para el Pueblo de Puerto Rico para remediar 125 años de explotación colonial, discrimen y racismo en completa indiferencia, por decir lo menos, a sus necesidades y derechos. Los habitantes de los llamados “territorios” son pueblos, naciones, con el derecho a la autodeterminación, protegido por normas perentorias del derecho internacional, ignoradas por Estados Unidos por más de un siglo”.

La carta fue firmada por American Civil Liberties Union, ACLU of Puerto Rico, Asian American Legal Defense and Education Fund, Brennan Center for Justice, Center for Popular Democracy, Dēmos, Human Rights Campaign, Lambda Legal Defense and Education Fund, Inc., LatinoJustice PRLDEF, NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc., Right to Democracy, and Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs.