Entre los acusados tras la llamada operación Calamar figuran tres ministros del anterior gobierno de Danilo Medina.

SANTO DOMINGO - La Justicia dominicana volvió a aplazar de nuevo este domingo la decisión sobre la imposición de medidas de coerción (preventivas) contra los acusados en la llamada operación Calamar contra la corrupción administrativa, entre ellos tres ministros del anterior Gobierno de Danilo Medina.

A la salida de la sede judicial en Santo Domingo, fiscales y abogados de los acusados dijeron a los medios que se aplazó la sesión hasta el próximo miércoles después de que algunas partes vinculadas al proceso depositaran querellas ante el tribunal.

Por ello, la magistrada Kenya Romero dio un nuevo plazo para que tanto el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva, como los imputados conozcan las querellas presentadas por personas que se consideran afectadas por este caso.

Entre los imputados y detenidos el pasado fin de semana está el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien fue candidato presidencial del ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020.

También están los antiguos ministros José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Donald Guerrero (Hacienda), al igual que el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño.

Otros acusados son el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.

De acuerdo con el expediente de acusación, los ahora detenidos formaron un entramado que distrajo fondos públicos por más de 19.000 millones de pesos (cerca de 350 millones de dólares al cambio actual).

Los cargos preliminares que se les imputan son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.

La trama afectaría a un abanico de instituciones, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.

Minutos después del aplazamiento, la Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos contra decenas de personas que intentaron acercarse al Palacio de Justicia procedentes de la sede principal del PLD, ubicado a pocos metros.

El martes pasado, miembros del partido opositor y efectivos policiales ya protagonizaron incidentes frente al Palacio de Justicia, cuando se celebraba la primera audiencia del caso.

Entonces, una puerta de cristal de la sede judicial fue destruida cuando un grupo de personas intentó entrar en el edificio.