El Tribunal Provincial Popular de La Habana los condenó por "sedición", pero dictando penas en su mayoría menores a las solicitadas por la Fiscalía

LA HABANA - Un tribunal de La Habana sentenció con penas que van desde los cuatro años de “libertad limitada” hasta los 13 años de cárcel a 15 manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores protestas en décadas.

De acuerdo con el fallo, fechado el 23 de enero y al que tuvo acceso este miércoles EFE, el Tribunal Provincial Popular de La Habana los condenó por "sedición", pero dictando penas en su mayoría menores a las solicitadas por la Fiscalía.

La sentencia -que no es firme y por tanto aún puede ser recurrida- se corresponde con un juicio realizado en noviembre pasado y que provocó una gran atención mediática dentro de la isla.

Entre los juzgados se encontraba Jonathan Torres, un joven que al momento de los hechos tenía 17 años (el único menor en este proceso). La edad penal mínima en Cuba son los 16.

Él es uno de las 55 personas entre 16 y 17 años que se ha enfrentado a un proceso penal por los hechos del 11J, según ha confirmado la Fiscalía General de Cuba.

En el caso de Torres, el tribunal le condenó a una pena de cuatro años de “limitación de libertad” (cuando la fiscalía pedía cinco). Esto quiere decir que no ingresará en prisión, pero que tendrá sus movimientos controlados por un juez.

De igual manera, hay tres sancionados con trabajo correccional sin internamiento y otros tres con internamiento.

En declaraciones a EFE, Orlando Ramírez, esposo de la madre de Torres, calificó el proceso como un “show” y, aunque consideró como una “victoria” el fallo, añadió que “realmente (el juicio contra su hijastro) es un error porque él no hizo nada”.

En total, se dictaron 75 años acumulados de prisión para los manifestantes.

El tribunal consideró como hechos probados que los condenados se movilizaron en el habanero municipio de Arroyo Naranjo con “el propósito de generar la desestabilización del orden social y político establecido en la República de Cuba”.

Además los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, de acuerdo con el escrito, al menos tres de los acusados negaron haber estado presentes durante los hechos.

Dos de las madres de los acusados fueron llamadas a declarar pero declinaron.

El juicio se desarrolló con testigos presentados por la Fiscalía –en su mayoría policías– que fueron censurados por las defensas por sus titubeos y cambios en los testimonios, según pudo saber en aquel momento EFE a través de una fuente que estuvo dentro de la sala.

Igualmente, durante el juicio se cambió la acusación de “atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir” por el delito de “sedición”.

Este cambio provocó molestia entre al menos dos de los letrados –según la misma fuente–, porque este tipo penal implica “una intención de desestabilizar el orden del Estado”, de acuerdo con el Código penal.

Según argumentaron, esto no se sostiene porque los 15 participaron en una manifestación que ocurrió lejos de las sedes de los poderes del Estado cubano.

En una de las jornadas del juicio, dos de los abogados criticaron los procesos en contra de los manifestantes del 11J, según pudo saber en aquel momento EFE.

Uno de ellos dijo: “Es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar, es hora de que el país cree espacios públicos para que todas aquellas personas que no piensen igual puedan manifestarse de forma segura y legal sin que se les impute un delito”.

El ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, mantuvo la semana pasada un encuentro con embajadores de la Unión Europea (UE) donde se llegó a plantear el indulto de manifestantes, según pudo saber EFE.

Hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias, según el registro que llevan organizaciones como Justicia 11J y Cubalex. De estos casos, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición.