En una zona fronteriza con Bolivia

LIMA - La cifra de manifestantes fallecidos en la región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, este lunes se elevó a nueve, en el sexto día de protestas antigubernamentales tras la tregua navideña, por lo que el número de víctimas mortales desde el 11 de diciembre asciende a 37 personas en todo el país.

La Defensoría del Pueblo confirmó a través de su cuenta de Twitter la muerte de las nueve personas en los enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, que está siendo el epicentro de las protestas ciudadanas en 2023 que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones en 2023 y una nueva constitución, entre otros reclamos.

El organismo precisó que, tras los choques registrados cerca del aeropuerto, que permanece cerrado desde el viernes pasado, los nueve manifestantes fueron trasladados hacia el Hospital Carlos Monge y al Centro de Salud La Renovación.

Ante estos hechos, la Defensoría exigió a las fuerzas del orden "hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza" y exhortó al Ministerio Público a realizar "una investigación célere que permita esclarecer los hechos".

Aunque hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de las víctimas mortales de este lunes, las autoridades médicas de la provincia puneña de San Román dieron detalles de los cuatro primeros fallecidos, todos ellos hombres de entre 30 y 50 años de edad.

Con estas nueve muertes, ya suman 37 las personas que perdieron la vida en las protestas que arrancaron hace menos de un mes en Perú, 31 de ellas en enfrentamientos directos.

A raíz de las muertes en las protestas de diciembre pasado, la Fiscalía inició diligencias previas contra la presidenta Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, para determinar si hay indicios de la existencia de un delito para abrir una investigación preparatoria que esclarezca las denuncias presentadas contra los dos altos funcionarios.

Las protestas en Perú arrancaron luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia del país, tras el fallido autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo (2021-2022), quien hoy cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión.

Las manifestaciones ciudadanas, que reclamaban la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones en 2023 y una nueva constitución, se produjeron en varias regiones del país y fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.

El pasado 4 de enero, tras una tregua por Navidad y Año Nuevo, los ciudadanos retomaron las protestas en algunos puntos del territorio nacional, aunque de forma mucho más tímida y concentrada en el sur del país, sobre todo en Juliaca.