El expresidente es acusado de rebelión tras el fallido autogolpe.

Un juez supremo peruano evalúa este miércoles el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, quien es investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.

El Poder Judicial confirmó en Twitter que el requerimiento será revisado hoy, miérocles, por el juez supremo Juan Carlos Checkley, encargado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Este magistrado aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro y asesor jurídico Aníbal Torres por la presunta comisión del delito de rebelión y otros.

Checkley precisó que Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Torres, en su condición de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.

Tras la decisión del juez, el fiscal supremo Uriel Teran, encargado de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, presentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y Torres.

Una fuente vinculada a la investigación señaló a EFE que esa solicitud abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles.

Por su parte, el jurista Carlos Caro aseguró en Twitter que al haberse presentado el pedido fiscal de prisión preventiva "la detención se mantiene hasta que se ejecute la audiencia y decida el Juez de la Investigación Preparatoria".

Tanto Castillo como Torres pidieron este martes a sus seguidores que se reúnan a partir del mediodía a las afueras de la prisión de la Diroes, en el distrito limeño de Ate, donde Castillo cumple la detención preliminar.

Medios locales informaron que la vigilancia en el lugar ha sido reforzada por un numeroso contingente de agentes de la Policía Nacional en previsión de disturbios.

A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.

La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

Este martes, el juez supremo César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con lo planteado por la Fiscalía, el ex mandatario puede ser procesado al menos por tentativa del delito de rebelión o conspiración, cargos por los que enfrentaría entre 5 y 10 años de cárcel.

Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido "ningún delito de conspiración ni rebelión" y sostuvo que está "injusta y arbitrariamente detenido".