Una séptima sanción fue de cuatro años de "trabajo correccional sin internamiento".

LA HABANA - Seis manifestantes del 11J -las mayores protestas en Cuba en décadas- fueron sentenciados hasta con 13 años de prisión por "atentado, desacato y desórdenes públicos" mientras que una más fue sancionada con cuatro años de "trabajo correccional sin internamiento".

En conjunto, los sancionados acumulan 52 años, con una pena de cárcel menor de 7 años.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, está fechada el 23 de septiembre y no es firme.

En ella, el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo acusa a los siete procesados de participar en una manifestación que pasó por la popular Esquina de Toyo (La Habana), zona que arrojó una de las imágenes más recordadas de esa jornada: la volcadura de una patrulla.

Según los hechos probados, los implicados "se sumaron a una aglomeración de personas que de forma organizada, agresiva, crearon una situación de crisis en la ciudad".

De igual forma, el tribunal los acusa de haber invitado a más gente a sumarse "para crear un ambiente de inconformidad generalizada y con ello desestabilizar el Estado de Derecho y justicia social".

Además, "vociferaron frases y consignas despectivas y ofensivas en contra de la figura del Presidente de la República de Cuba" y arrojaron piedras a la policía.

Dos de las sancionadas -Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León, sentenciadas a 4 años de trabajo correccional sin internamiento y 7 años de prisión, respectivamente- llegaron el pasado fin de semana en balsa a Estados Unidos, según informó la organización Justicia 11J.

Los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021 se han ido sucediendo en Cuba desde finales de 2021.

Familiares de los condenados y ONG han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.

Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos.

Por su parte, el Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz del 11J.

Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel.

Desde julio de este año se han registrado protestas en todo el país, sobre todo en los últimos días por los frecuentes apagones y la gestión de los efectos del huracán Ian en el sistema eléctrico nacional.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), con sede en Miami, contabilizó 589 protestas en octubre, cinco más que las que registró en julio de 2021.

La Fiscalía General de Cuba advirtió a inicios del mes pasado de que está investigando las recientes protestas y que los hechos delictivos "recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda".