A pesar de denuncias de atropellos a derechos humanos y la muerte de al menos 46 personas detenidas.

Los diputados oficialistas en el Congreso de El Salvador aprobaron este martes una tercera ampliación del régimen de excepción vigente desde finales de marzo a pesar de las miles de denuncias de atropellos a derechos humanos y la muerte de al menos 46 personas detenidas, de acuerdo con registros de organizaciones humanitarias.

La extensión por 30 días más fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo, dominado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

La medida fue aprobada sin estudio o discusión parlamentaria pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros del Gobierno de Nayib Bukele.

"El régimen de excepción ha permitido identificar la magnitud de la amenaza y grave peligro que representan para la población salvadoreña las estructuras criminales (pandillas) y su particular complejidad, realizando bajo su implementación más de 40,000 capturas", indica el decreto aprobado.

Esta medida fue adoptada tras una escalada de homicidios que cobró la vida de 87 personas en tres días y que puso en jaque al Ejecutivo de Bukele.

La Constitución salvadoreña señala que la prórroga no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración, pero no limita las veces en que puede ser prorrogado, según el análisis presentado por el Gobierno.

Los diputados aprobaron la ampliación a pesar que la situación que generó su aprobación, la escalada de homicidios, se superó en los primeros días de la implementación del primer período de dicho estado.

El decreto indica que "el suspender la aplicación de las medidas extraordinarias en este momento propiciaría un retroceso en los avances alcanzados, ya que los hechos violentos como los homicidios no pueden verse separados o aislados".

Las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 3,000 denuncias, entre ellas por detenciones arbitrarias y torturas.

Los reportes de los medios locales, citados por organizaciones no gubernamentales, indican que han muerto unas 46 personas detenidas bajo el régimen y, según el análisis de defensores de derechos humanos, se presentan patrones de "ejecuciones extrajudiciales".

Son varios entes internacionales y nacionales los que han señalado que en El Salvador se podrían estar configurando delitos de lesa humanidad.

A inicios de junio, Amnistía Internacional (AI) expresó que las autoridades estatales estarían perpetrando "graves violaciones" a los derechos humanos y advirtió sobre la posibilidad de "responsabilidad penal internacional".

El régimen de excepción suspende los derechos de asociación, reunión, defensa, inviolabilidad de las telecomunicaciones y la intervención de las comunicaciones.

De acuerdo con el presidente, se estaría cerca de ganar la "guerra contra las pandillas", sin que haya respondido a los señalamientos del medio local El Faro.

Una investigación del medio señala que la ola de homicidios que propició el régimen de excepción se originó tras la supuesta ruptura de un supuesto pacto del Gobierno con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).

"Gigantesco'' centro penitenciario

Bukele anunció este martes en Twitter la construcción de un "gigantesco" centro penitenciario al que serán llevados los supuestos miembros de pandillas capturados durante el régimen de excepción.

El mandatario señaló que el centro penitenciario estará "alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del Estado, con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape".

"Son muchos los factores que deben salir bien y a tiempo para poder ganar la #GuerraContraPandillas y la construcción de un gigantesco Centro Penitenciario es uno de esos factores", añadió.

Se desconoce la ubicación de dicha cárcel, así como la inversión que el Gobierno ha destinado para su construcción.