Las protestas por la derogación de una reforma tributaria, dejó el saldo de 83 muertos.

Decenas de miles de personas salían hace un año a las calles colombianas pidiendo la derogación de una reforma tributaria. Las protestas se extendieron durante semanas y dejaron 83 muertos, más de la mitad, presuntamente, a manos de la policía. Hoy apenas quedan atisbos de aquel movimiento.

Fue el estallido de una crisis social -en un país con una de las mayores desigualdades del mundo- que se venía fraguando desde antes de la pandemia, pero que los confinamientos agrandaron, al empujar a un sector de la población de nuevo a la pobreza y con miles de jóvenes sin trabajo ni dinero para financiar sus estudios.

Los gritos de "El pueblo no se rinde, carajo" se mezclaban de forma festiva por las mañanas en las calles, pero cuando caía el sol, sobre todo en barrios populares de Cali, la tercera ciudad del país, el ambiente se caldeaba y las arremetidas de la policía eran contestadas por los manifestantes.

En total hubo, según el Ministerio de Defensa, más de 14,000 concentraciones, marchas y bloqueos desde el 28 de abril, y 83 personas murieron, de las cuales al menos 44 presuntamente por acción desproporcionada de la fuerza pública. Hubo también 96 víctimas de violencia ocular y 35 de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

Un año después, y a pesar de que parecía que el estallido social pudiera repetirse en cualquier momento, la movilización social está casi congelada, a pesar de que los problemas siguen ahí.

Este jueves hay convocatorias a protestas y, sobre todo, actos de conmemoración en Cali y Bogotá, pero no se esperan grandes manifestaciones como las del año pasado.

Una herida sin cerrar

"Hay una herida abierta porque habíamos tenido grandes brotes de violencia en protestas, pero nunca habíamos tenido unos escenarios con tanta represión estatal y tan prolongada", consideró Alejandro Rodríguez, coordinador del observatorio de violencia policial GRITA de la ONG Temblores, que monitorizó cada protesta.

Pese a que inició algún proceso judicial contra los culpables de los homicidios, aún no hay condenas. "La impunidad es lo que ha reinado en este tiempo y mientras tanto sí ha habido toda una serie de judicializaciones en masa a jóvenes que hacían parte de las primeras líneas", aseguró Rodríguez a Efe, refiriéndose a los jóvenes que, encapuchados y con escudos caseros, enfrentaban a la Policía.

"Ambos actores tuvimos errores en algunas cosas porque todos los errores no se pueden tapar", reconoció Jofren Alberto Ordóñez, uno de los jóvenes que salió a marchar en Cali.

Desplazado por la violencia en Nariño, sin trabajo ni oportunidades, se unió a las movilizaciones y recuerda: "Éramos mucha gente, no nos conocíamos, todos éramos encapuchados", y añade que vivieron una situación "muy compleja" donde sentían que estaban arriesgando la vida.

Más de 200 jóvenes fueron detenidos con cargos de terrorismo y con casi medio centenar de montajes judiciales documentados por Temblores, desde donde aseguran que hay "una justicia totalmente desigual y desbalanceada".

Sin avances y para atrás

El 6 de junio, cuando las protestas aún estaban vivas aunque ya muy replegadas a barrios populares de Bogotá y Cali, el presidente Iván Duque anunció una reforma de la Policía, que en Colombia depende del Ministerio de Defensa, con cambios en el uniforme y un mayor apego a los derechos humanos.

Una reforma "cosmética que no ataca los problemas más graves", que en todo caso no atiende uno de los grandes reclamos: que la Policía deje de ser una fuerza dependiente de Defensa, dice Rodríguez.

Duque también firmó a finales de enero la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, en palabras de Temblores, "pone un montón de restricciones a la protesta social" y es "fuertemente punitivista".

Además, aumenta las penas para algunos delitos contra la fuerza pública, le da más facultades de actuación a la Policía y al sistema judicial y regulariza el porte de armas traumáticas, las usadas por civiles para disparar contra manifestantes en Cali.

La investigadora Sofía Forero, del centro de estudios DeJusticia, considera que en algunos reclamos de las protestas "ha habido retrocesos o medidas regresivas para los derechos tanto a la protesta como los otros derechos derivados, como a la vida, la libertad personal, la libertad de expresión y la libertad de prensa".

Las instituciones "no atacaron ni solucionaron las causas históricas, estructurales que dieron paso a todo el estallido", apuntó Forero, quien describió que "las cosas se han quedado como estaban e incluso en algunas situaciones han empeorado".

Elecciones de barrio

El aniversario de las protestas se cumple a un mes de las elecciones presidenciales y el país se divide entre "el continuismo de las políticas de la derecha que encarna el candidato (Federico) Gutiérrez y algo mucho más alternativo, propuestas que vienen más de participación popular, de liderazgos de movimientos sociales y demás que vienen del candidato Gustavo Petro", explicó Forero.

Las consecuencias de las protestas pueden verse justamente en las urnas, en las que buena parte de la población "tiene bastante esperanza" en Petro "para avanzar en la agenda relacionada con las causas estructurales de la protesta".

Aunque sí es cierto que las protestas sirvieron para unir el tejido social de algunos barrios, como Puerto Rellena (rebautizado Puerto Resistencia) en Cali, donde se vivieron "momentos de angustia, de impotencia, de rabia ante cómo reaccionaba el Gobierno", como lo describe Ceci, una de las madres que salió a cuidar a los jóvenes.

Ahora Ceci, a quien la pandemia hizo quebrar su local de desayunos, vende artesanías en uno de los puestos de emprendimiento que siguen en pie en el monumento de un puño cerrado de metal que levantaron los manifestantes en Puerto Resistencia.

"En Puerto Resistencia hemos tenido mucha transformación", asegura, y se alegra de que las protestas también hicieran "visible un espacio que antes era invisible", donde solo había atracos y que ahora recogen oportunidades.