La pandemia del covid-19 lo ha complicado, de acuerdo con un informe de Transparencia Internacional

El combate contra la corrupción ha quedado prácticamente estancado en la última década y casi el 90% de los países no registra avances, según el último informe de Transparencia Internacional (TI), que sitúa a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza de esa estrategia.

La ONG, que publica hoy el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021, alerta además de que si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad.

"Muchos países han utilizado la pandemia como una excusa para cercenar libertades básicas y esquivar el sistema de pesos y contrapesos", denuncia el informe de la organización, con sede en Berlín.

TI otorga una puntuación a cada uno de los 180 países evaluados en función de su nivel de percepción de la corrupción. La media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo, aunque dos tercios de los países no llegan a aprobar, con 27 que obtienen la puntuación más baja de su historia.

Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, los tres con 88 puntos sobre un máximo de 100, encabezan la clasificación, mientras que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) obtienen de nuevo las puntuaciones más bajas del índice.

En esta última década, 154 países han sufrido un deterioro en la percepción de la corrupción o no han avanzado sustancialmente. Preocupa especialmente la situación de algunas regiones como Centroamérica, donde crece el autoritarismo en países como Nicaragua o El Salvador.

Desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas, como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67), que, por primera vez, deja de estar entre los 25 países mejor calificados.

En cambio, 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, entre ellos Estonia (74), Seychelles (70) o Armenia (49).

En 2021, entre las grandes potencias, además de Estados Unidos, que se mantiene con los mismos resultados del año pasado, China escala 3 puntos, con una puntuación de 45 frente a los 42 anteriores, mientras que Rusia cae de 30 a 29.

En este nuevo informe España baja un punto en la clasificación, de los 62 que obtuvo en el informe anterior, a los 61, y desciende desde el puesto 32 al 35, entre Lituania e Israel.

Este estancamiento general en la lucha contra la corrupción está relacionado, según la ONG, con los abusos a los derechos humanos y con el deterioro de la democracia en todo el mundo.

El informe destaca que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, afirma que el respeto de "los derechos humanos es más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite".

Derechos humanos contra la corrupción

El informe denuncia que "la complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa".

La erosión de los derechos y libertades y el debilitamiento de la democracia son el caldo de cultivo para el avance del autoritarismo, lo que contribuye aún más a aumentar la corrupción.

De los 23 países que han empeorado significativamente su clasificación en estos últimos diez años, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles.

La ONG señala que de los 331 asesinatos de defensores de los derechos humanos que se registraron en 2020, el 98 % se produjo en países con calificaciones por debajo de 45.

Destaca Filipinas, que obtiene una puntuación de 33, continuando con la caída que inició en 2014 cuando Rodrigo Duterte llegó al poder.

También Venezuela registra en este índice su calificación más baja hasta la fecha, con tan solo 14 puntos, consecuencia de haber acallado el régimen de Nicolás Maduro "el disenso entre sus rivales políticos, periodistas e incluso trabajadores sanitarios".

Malí ha enfrentado numerosas crisis políticas, institucionales y de seguridad, incluyendo tres golpes de estado militares, en los últimos diez años, lo que ha arrastrado la puntuación del país a los 29 puntos, en consonancia con el declive de las libertades civiles fruto de un conflicto armado que socava las funciones clave del Estado.

Pero incluso los países democráticos han visto en la última década un retroceso tanto en las medidas anticorrupción como en los derechos humanos.

La puntuación de Polonia en el Índice, por ejemplo, ha caído a 56, debido a la represión del activismo por parte del gobierno mediante leyes sobre el insulto y la grave limitación de la libertad en los medios de comunicación.

Daniel Eriksson, director general de Transparencia Internacional, señala que "en contextos autoritarios en los que el gobierno, las empresas y los medios de comunicación están controlados por unos pocos, los movimientos sociales son el último recurso para poner freno al poder".

La ONG urge en su informe a los gobiernos a cumplir sus compromisos en la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos, y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.

"Será el poder de los educadores, emprendedores, estudiantes y personas comunes de todos ámbitos el que logrará que los poderosos rindan cuentas", concluye Eriksson.