La crisis política no parece tener fin.

Dos hombres reclaman en Haití que les pertenece el puesto de primer ministro en Haití: Claude Joseph y Ariel Henry, un día después de que el asesinato del presidente Jovenel Moïse haya abierto un vacío de poder.

Claude Joseph es el canciller, ejerce el puesto de primer ministro interino desde el pasado abril y ha asumido el poder de forma efectiva desde que se conoció el magnicidio.

Sin embargo, la legitimidad de Joseph ha comenzado a ser puesta en tela de juicio por Ariel Henry en una serie de entrevistas concedidas a medios locales entre la noche del miércoles y este jueves.

Henry, exministro de las carteras de Interior y Trabajo durante el Gobierno de Michel Martelly (2011-2016), fue nombrado primer ministro el pasado lunes, en el último decreto que firmó Moïse antes de su asesinato, pero no llegó a ser investido en el cargo de forma oficial.

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Henry ha manifestado que Joseph "no es primer ministro", sino que es el canciller del gabinete que él está elaborando y con el que pretende hacer un acercamiento a la oposición para calmar las tensiones políticas hasta la celebración de las elecciones, previstas para el 26 de septiembre.

No obstante, Henry aseguró que su intención "no es echar leña al fuego", puesto que es necesario "evitar que el país se inflame", pero pidió a Joseph que ambos hablen para llegar a un acuerdo.

Desde este miércoles Joseph ha encabezado dos intervenciones del Gobierno ante la prensa y también se ha encargado de hablar con representantes de la comunidad internacional, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

La Constitución haitiana establece que en el caso de la muerte del presidente le sustituya el primer ministro hasta la convocatoria de elecciones.

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Pero en el caso de que el deceso se produzca a partir del cuarto año de mandato, como ha sido el caso, el Parlamento debería de nombrar a un presidente para que complete el tiempo pendiente del mandato.

Esta posibilidad no se puede dar porque el Parlamento está clausurado desde enero de 2020 debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

Esta circunstancia también ha impedido que el cuerpo legislativo ratifique el nombramiento de los primeros ministros designados en el último año y medio, tal y como fija la Constitución.