Por el escándalo conocido como ''Vacunagate''

La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este jueves la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), que plantea inhabilitar al actual candidato al Parlamento durante diez años por haberse vacunado en secreto contra el nuevo coronavirus.

El documento también recomienda inhabilitar políticamente por ocho años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año a la excanciller Elizabeth Astete, también implicadas en el llamado caso "Vacunagate" sobre la inmunización secreta de altos funcionarios y sus familiares con dosis de Sinopharm, sin vínculo directo con los ensayos clínicos que el laboratorio chino realizó en Perú.

Con la aprobación de la comisión parlamentaria, el informe será ahora elevado al pleno del Congreso que, de dar luz verde a la propuesta, puede impedir que Vizcarra asuma como congresista para el período 2021-2026 si es elegido en los comicios generales de este domingo.

Vizcarra se defiende

Durante la sesión de este jueves, los tres investigados ejercieron su derecho a la defensa.

Vizcarra señaló que este proceso "express" carece de "justificación lógica" e insistió en que se trata de un acto de "venganza" y persecución política en su contra.

"La Comisión Permanente está integrada en más del 80% por congresistas que votaron a favor de la vacancia que generó la enorme inestabilidad que todos los peruanos sufrimos. ¿Qué esperamos de una votación ahora?", dijo el exmandatario, al recordar su destitución por el Congreso en noviembre pasado.

El actual candidato al Parlamento por el partido Somos Perú aseveró, además, que el informe contiene errores y más de una decena de infracciones constitucionales y que recurrirá a "instancias nacionales e internacionales" para defenderse.

"Tenemos un derecho constitucional de postular y ser elegido, que el pueblo decida y no cien personas me van a quitar ese derecho", reclamó.

Argumentos de Mazzetti y Astete

Por su parte, la exministra Mazzetti reconoció haber cometido "un error de criterio, un error político", aunque consideró "válida" la inoculación con la vacuna de Sinopharm "en una circunstancia abrumadora, de alto riesgo para todos, frente a una enorme incertidumbre".

"He reconocido y pagado el precio político", agregó la extitular de la cartera de Salud, quien aseguró que, "independientemente" de la sanción que se le imponga, continuará trabajando por el Perú "donde quiera que esté".

Finalmente, la excanciller Astete rechazó haberse aprovechado de su cargo para solicitar la inoculación de Sinopharm e indicó que desconocía las vacunaciones irregulares de otros funcionarios.

"Nunca imaginé culminar mis 45 años de carrera diplomática con una mancha que afecta mi buen nombre y que echa sombras sobre mi trayectoria profesional", se lamentó.

Infracción constitucional

La semana pasada, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que propone la inhabilitación para el ejercicio de la función pública para Vizcarra, Mazzetti y Astete.

El texto sostiene que los tres ex altos funcionarios incurrieron en infracción constitucional al haberse vacunado, en distintos momentos, de manera secreta y mientras el país afrontaba el peor embate de la pandemia del covid-19.

En el marco del llamado "Vacunagate" se inmunizó en secreto a, al menos, cien personas que no estaban vinculadas al ensayo clínico que Sinopharm hizo en el país sudamericano, de la mano de la Universidad Cayetano Heredia.

En el caso de Vizcarra, la acusación sostiene que mintió al asegurar que fue voluntario del ensayo clínico y cometió infracciones constitucionales cuando era el funcionario de mayor rango al servicio de la Nación.