La despedida provocó violentos incidentes en Buenos Aires.

La caótica despedida popular a Diego Armando Maradona, que incluyó el pasado jueves violentos incidentes en Buenos Aires, sigue suscitando polémica entre el Gobierno de Argentina y el Ejecutivo capitalino.

El Gobierno del presidente Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, denunció ante la Justicia al alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, y al vicealcalde y ministro de Seguridad comunal, Diego Santilli, por la represión por parte de la Policía de Buenos Aires en los alrededores de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, donde el jueves velaron los restos de Maradona.

"Fue muy doloroso ver cómo los simpatizantes de Maradona, quienes venían pacíficamente a despedirlo, terminan siendo reprimidos", dijo este sábado el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, en declaraciones radiales.

Los incidentes se desataron a siete cuadras de la Casa Rosada, cuando la Policía detuvo la fila de las miles de personas que aspiraban a dar su último adiós a Maradona.

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El Gobierno capitalino alega que cortó el avance de la fila por orden del Ejecutivo nacional, algo que éste niega.

También hubo incidentes a las puertas y en el interior de la Casa Rosada, donde la seguridad estaba a cargo de fuerzas federales, pero el Gobierno de Fernández argumenta que el orden se restituyó sin violencia.

Santilli rechazó este sábado la denuncia contra en su contra y aseveró que "judicializar" lo sucedido es apoyar a los "violentos".

"Lo único que se pretende aquí es apoyar a los violentos, definitivamente se politiza la situación, duele que todos los que amamos al fútbol despidamos al ídolo de esta manera, duele que, en vez de trabajar en conjunto, politicen la situación", afirmó el vicealcalde.

DENUNCIA AL PRESIDENTE

En tanto, dirigentes opositores denunciaron penalmente a Fernández, a quien acusaron de haber favorecido la propagación de la covid-19 al organizar el velatorio de Maradona en la Casa Rosada.

La denuncia fue presentada por Yamil Santoro y Antonio Fratamico, dirigentes de la coalición liberal Republicanos Unidos, quien denunciaron al presidente por haber organizado un funeral "masivo", "violando la seguridad sanitaria", cuando aún rigen medidas de distanciamiento social decretadas por el propio Fernández.

El jefe de Gabinete dijo este sábado que, durante el multitudinario velatorio, hubo puestos de control sanitario, pero admitió que era "muy inevitable que la gente se acercara" entre sí.