Los funcionarios han sido denunciados penalmente por delitos que implican "graves violaciones a los derechos humanos".

LIMA - El expresidente peruano Manuel Merino, su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior Gastón Rodríguez, pueden ser condenados hasta a 35 años de cárcel tras ser denunciados penalmente por delitos que implican "graves violaciones a los derechos humanos".

"Hemos denunciado por tres delitos, pero en realidad hay que concentrarnos en el más grave, que es homicidio calificado, la ley penal peruana determina que se sanciona con una pena mínima de 15 años y podría llegar a una pena de 30 o 35 años, eso ya va a quedar en manos del Poder Judicial", señaló este lunes a Efe Carlos Rivera, coordinador y abogado del Área Legal en Instituto de Defensa Legal.

El abogado confirmó que las principales autoridades del gobierno, que dimitió este domingo tras una semana de protestas sociales que dejaron dos muertos y decenas de heridos en Lima, han sido denunciadas por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad.

RESPONSABILIDADES PENALES

La denuncia también comprende al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas, y a los jefes operativos y a los agentes antidisturbios que arremetieron violentamente contra los ciudadanos que, en su gran mayoría, se manifestaban pacíficamente.

Rivera explicó a Efe que, en el caso de las altas autoridades, la denuncia penal busca ir "más allá" de las responsabilidades políticas que tendrá que revisar el Congreso, ya que plantea "la exigencia de responsabilidades legales en el ámbito estrictamente penal".

La denuncia, presentada ante la Fiscalía de la Nación, se fundamenta en que "hay un hecho concreto que se puede verificar: Merino, Ántero-Flores y Rodríguez fueron parte de una cúpula de poder que tomó decisiones con la finalidad de reprimir los actos de manifestación pública y protesta que se produjeron".

"Esas decisiones las ejercieron en el ejercicio de una función pública, de una autoridad pública y estuvieron dirigidas a tener como objetivo no solamente el desarrollo de hechos de represión por parte de la Policía Nacional, sino de hacer cesar a como dé lugar las manifestaciones que se estaban desarrollando", detalló Rivera.

REPRESIÓN EXCESIVA

La denuncia, que fue presentada por ocho organismos de derechos humanos, indica que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.

Agrega que tras la muerte de los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años, el general Cayas declaró que el empleo de perdigones era un "hecho aislado".

Los organismos solicitaron, por ese motivo, que se inicie una investigación penal a los comprendidos en la denuncia, ya que también hay numerosas personas heridas y mujeres que fueron agredidas sexualmente tras ser detenidas.

"Hay una cadena de autores que comienza con el presidente de la República", enfatizó Rivera antes de decir que su instrumento operativo fue la Policía Nacional, que decidió actuar "desvinculada del marco normativo" porque "sabe perfectamente que lo que ha hecho es ilegal e inconstitucional".

INVESTIGACIÓN FISCAL

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, confirmó este lunes que ya ha ordenado el inicio de una investigación preliminar contra Merino, Flóres-Aráoz y Rodríguez por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Sotelo y Pintado, así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de "personas a determinar".

Sotelo fue impactado con cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón, mientras que Pintado recibió diez perdigones de plomo en el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax, según la necropsia.

Ávalos remarcó que estos delitos se cometieron "en el contexto de violación de derechos humanos" y aseguró que "estas muertes no quedarán impunes".

El caso ha sido encargado a la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, que también investiga las denuncias de desaparecidos, que son seis actualmente, por lo que ha solicitado "la geolocalización de cada uno de ellos" y pidió a la Policía Nacional "aplicar los protocolos necesarios" para su ubicación.