Tribunal aprueba cortar fondos a clínicas que informen sobre abortos
La Justicia estadounidense falló este jueves a favor del Gobierno que preside Donald Trump en su intención de prohibir a las clínicas públicas de planificación familiar informar sobre prácticas abortistas a sus pacientes y retirarles los fondos en caso de que lo hagan.
Un tribunal con tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), emitió un dictamen con carácter temporal a la espera de la sentencia definitiva que permita o no que la normativa impulsada por el Ejecutivo entre en vigor, pese a la oposición de varios estados y organizaciones de defensa del aborto.
La nueva norma, dictada por el Departamento de Salud y Servicios Sociales, niega fondos públicos a aquellas clínicas de planificación familiar que informen a sus pacientes de la posibilidad de someterse a un aborto o les dirijan a un lugar donde puedan abortar.
El fallo del tribunal de apelaciones tumbó los dictámenes emitidos previamente por cortes de menor rango en los estados de Washington, Oregón y California, que habían dado la razón a los demandantes y habían bloqueado de forma preliminar la normativa del Gobierno.
'No aceptaremos este ataque contra millones de personas en todo el país. Vamos a buscar remedio legal de emergencia en el Tribunal de Apelaciones de forma inmediata', indicó en un comunicado Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de servicios reproductivos de EE.UU., tras conocerse el fallo.
'No permitiremos que el Gobierno impida a nuestros médicos y enfermeras informar a los pacientes sobre dónde y cómo pueden acceder a atención médica. Seguiremos luchando contra la administración de Trump en los tribunales para proteger el derecho fundamental de todos a la atención médica', remachó.
El aborto se ha erigido durante los últimos meses en una de las principales batallas legales entre conservadores y progresistas en EE.UU., donde los primeros cuentan con el apoyo de la Administración de Trump y, presumiblemente, de una mayoría de jueces en el Tribunal Supremo, y los segundos están respaldados por varios estados controlados por los demócratas.