El gobernador de Florida (EE.UU.), Rick Scott, tiene a partir de hoy la última palabra sobre la ley de armas aprobada por el Congreso del estado tras la matanza de 17 personas en una escuela secundaria, en la que se incluye la polemica medida de armar a los profesores, a la que el y algunas organizaciones civiles se oponen.

'El gobernador está revisando detenidamente la ley. Este viernes, antes de actuar (respecto a la ley), se reunirá en Tallahassee con las familias de las víctimas' de la matanza, dijo hoy el director de comunicaciones de Scott, John Tupps, en un mensaje enviado a Efe.

El republicano Scott ya había dejado claro que iba a revisar 'línea por línea' la nueva legislación que, entre otras disposiciones, eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas en el estado, antes de decidir si la firma o la rechaza.

El texto legal no incluye la prohibición de venta de fusiles de asalto reclamada por numerosos alumnos y padres del instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland (sur de Florida), escenario de la matanza, pero autoriza a los profesores a llevar pistola en el centro escolar, aunque con ciertas restricciones.

El senador demócrata estatal Gary Farmer pidió hoy al gobernador que 'ejerza su autoridad de veto' y convoque una sesión especial para abordar el asunto de la autorización para portar armas dentro de los centros, si, finalmente, 'la legislación permite que los civiles esten armados en presencia de nuestros hijos'.

Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), la principal asociación de afroamericanos del país, tachó de 'irresponsable' la idea de armar a los profesores.

Johnson como otros de los que se oponen a que los profesores porten armas dentro de los colegios han hecho notar que esa medida podría perjudicar a estudiantes latinos y afroamericanos.

El argumento se fundamenta en que son las minorías de estudiantes, a menudo sujetas a niveles de castigo superiores a la mayoría blanca, las 'más propensas a ser confundidas' con los atacantes, por lo que 'podrían convertirse en objetivos'.

Johnson depositó su esperanza en que Scott 'sea más responsable que los legisladores que votaron a favor de la ley SB 2076'.

'Nuestra preocupación no es solo por los afroamericanos, sino por todos los estudiantes que pueden resultar heridos', precisó Johnson, según recogió hoy la cadena de televisión CNN.

Congresistas demócratas como Roy Hardemon lucharon infructuosamente tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes (de mayoría republicana) de Florida por eliminar este controvertido punto de la nueva ley.

La ley a la que la Cámara de Representantes dio ayer luz verde y que ya había sido aprobada en el Senado de Florida destina una partida de 400 millones de dólares a las medidas dirigidas a incrementar la seguridad en las escuelas.

El pasado 27 de febrero el gobernador había anunciado su propio plan: una inversión de 500 millones de dólares para aumentar la seguridad en los centros escolares.

Además, se mostró contrario a que el personal escolar pueda llevar pistola tras recibir el entrenamiento policial oportuno

El plan de Scott establece como prioridad que, en lugar de armar a parte del personal escolar, se disponga en los colegios de un agente de policía por cada millar de alumnos.

El hecho de que la ley no incluya la prohibición de vender armas de asalto como la usada por Nikolas Cruz, de 19 años, en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland el pasado 14 de febrero, ha sido visto como una consecuencia del cabildeo de la poderosa Asociación Nacional de Rifle (NRA).

Cruz, que compró legalmente el fusil semiautomático con el que disparó en la escuela, fue acusado este miercoles por un Gran Jurado de 17 cargos de asesinato en primer grado y de otros 17 de intento de asesinato.

De ser hallado culpable, el joven podría ser condenado a la pena capital.