Las multinacionales radicadas en Suiza, conocida su fiscalidad favorable, tendrán que empezar a ser más transparentes y a elaborar informes que recojan cada país dónde generan beneficios y dónde pagan impuestos, datos que serán intercambiados con otros Estados a partir de 2020.

Se trata de una decisión del Consejo Federal helvetico (Gobierno) que obligará así a unas 200 multinacionales a desvelar su estructura financiera, a fin de luchar contra artimañas como el traslado de ingresos a otros territorios con una tributación menor.

Se verán afectadas empresas con unos ingresos anuales de 900 millones de francos y más, lo que supone unos 750 millones de euros.

En un mensaje al Parlamento, el Gobierno dijo que unas 200 multinacionales radicadas en Suiza tendrán que elaborar informes específicos por país para detallar dónde generan ingresos y dónde pagan por ellos.

Suiza se adapta con esta medida a iniciativas de lucha contra la evasión fiscal de grandes corporaciones como las de la Unión Europea (UE) y la de la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS, en ingles) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G20 (grupò de países desarrollados y emergentes).

La Ley ALBA, que en Suiza establece el intercambio automático de informes país por país de multinacionales, entrará en vigor el 1 de diciembre de 2017, que es cuando tambien tendrá vigencia el acuerdo multilateral relevante con otros Estados.

El Gobierno ha aprobado el miercoles una lista de casi 100 países con los que intercambiará los informes de datos fiscales.

Son países que han firmado el acuerdo ALBA o que son miembros de la iniciativa BEPS de la OCDE.

El acuerdo, sin embargo, solo puede aplicarse por parte de Suiza una vez que los otros países añadan a la nación alpina tambien a sus respectivas listas.

En la lista suiza figuran países socios como EEUU, Alemania, Francia, Italia, Austria, el Reino Unido, Singapur, las Islas Vírgenes, Bermudas, Jersey y Guernsey.

Suiza ha adaptado sin embargo solo el estándar mínimo, dado que los informes por país no serán públicos, en tanto que la UE aspira a obligar a las empresas a divulgar ciertos datos.

Por otra parte, el Parlamento suizo ha debilitado en su paso por la Cámara Baja los castigos en el caso de incumplimientos, dado que para datos falsos o incompletos proporcionados de forma no premeditada por las multinacionales no habrá sanción alguna, mientras que el Gobierno quería multas de hasta 100,000 francos (86,636 euros).

En el caso de engaños premeditados, la multa ascenderá a 100,000 francos para la persona responsable.