Más de 30 personas han muerto a causa de la nueva oleada de incendios forestales que arrasa desde el domingo el norte y el centro de Portugal, donde los bomberos todavía trabajan para controlar medio centenar de fuegos.

Según el último balance provisional de la Autoridad Nacional portuguesa de Protección Civil (ANPC), al menos 31 personas han perdido la vida y siete permanecen desaparecidas, aunque no se descarta que la cifra de víctimas aumente porque los efectivos de los servicios de socorro todavía no han conseguido acceder a todas las zonas afectadas por las llamas.

De hecho, algunos medios locales informan de que el número de fallecidos asciende ya a 35.

Los distritos donde se han registrado las víctimas son Coimbra, Guarda, Castelo Branco y Viseu, todos en el centro del país, escenario de más de 500 fuegos desatados el domingo, que han dejado tambien más de 50 heridos confirmados.

'Las condiciones en que estas personas murieron tendrán que ser confirmadas', explicó la portavoz de la ANPC, Patrícia Gaspar, aunque previamente había avanzado que algunas fueron encontradas dentro de sus viviendas o en la vía pública.

En todo el territorio continental de Portugal siguen activos hoy medio centenar de incendios forestales, que mantienen sobre el terreno a cerca de 4,000 bomberos, más de un millar de vehículos de extinción terrestre y dos medios aereos.

Las Fuerzas Armadas tambien apoyan el combate a las llamas con más de quince de pelotones sobre el terreno para llevar a cabo acciones de vigilancia y evacuación de víctimas.

Desde Protección Civil afirmaron que 'no hay señales' de que estos fuegos puedan quedar dominados en las próximas horas y se mantiene la alerta roja en todo el país, a la espera de que se produzca una mejora de las condiciones meteorológicas.

Las elevadas temperaturas, la situación de sequía prolongada y los vientos fuertes desempeñaron un papel decisivo en esta oleada de incendios y en la rápida propagación de las llamas, según las autoridades.

Al balance de fallecidos y heridos se unen las escenas de caos vividas en las zonas afectadas, con aldeas desalojadas, viviendas reducidas a cenizas, fallos en las comunicaciones y carreteras y líneas de ferrocarril cortadas al tráfico.

La situación llevó al Gobierno portugues a declarar el estado de calamidad pública en todos los distritos al norte del río Tajo y a pedir ayuda a la Unión Europea (UE) y a Marruecos para que apoyen la lucha contra las llamas, principalmente a traves de medios aereos.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha cancelado su agenda de esta semana para seguir la situación de cerca, reafirmó la 'urgencia de actuar' para terminar de controlar los fuegos y anunció que, una vez la situación se haya estabilizado, visitará las zonas afectadas y se dirigirá al país.

Antes lo hará el primer ministro portugues, António Costa, quien ha anunciado una declaración para esta misma noche local, despues de la que realizó la pasada madrugada desde el centro de control de Protección Civil.

Entonces reiteró su confianza en la ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, muy cuestionada por los errores de gestión en los incendios de todo el verano.

La propia ministra dejó claro este lunes que no piensa dimitir, al considerar que eso no ayudaría a resolver el problema, y reiteró que 'es momento para la acción'.

Dimitir 'sería el camino más fácil. Yo me iba, me tomaba las vacaciones que no tuve', dijo tras ser preguntada por los periodistas por su continuidad en el cargo.

Urbano de Sousa está en una posición frágil ante la opinión pública desde el pasado 17 de junio, cuando 64 personas murieron y más de 250 resultaron heridas en otra tragedia forestal en la localidad de Pedrógão Grande, en el centro del país.

Casi cuatro meses despues, el pasado viernes se conoció un informe elaborado por una comisión independiente sobre lo ocurrido entonces, que apuntaba a fallos en la prevención y en la actuación de Protección Civil durante el incendio.

Esta nueva tragedia forestal llega a pocos días de la reunión del Consejo de ministros extraordinaria que el Ejecutivo portugues había convocado para el próximo sábado para analizar el informe sobre Pedrógão y anunciar medidas.