El Gobierno conservador del primer ministro británico, David Cameron, anunció hoy medidas que harán más difícil la organización de huelgas en el Reino Unido, al aumentar el porcentaje necesario de apoyo, penalizar los piquetes y permitir la contratación temporal de personal de agencia.

El proyecto de Ley sobre los sindicatos, que empieza a tramitarse hoy en la Cámara de los Comunes, exige que una huelga solo pueda celebrarse si participan en la votación al menos el 50 % de los afiliados al sindicato que la convoca.

Además, en los servicios públicos claves, como sanidad, educación, bomberos, transporte, seguridad de fronteras y energía, para que la huelga salga adelante se requerirá el apoyo de al menos un 40 % del total de afiliados.

En la mayor reforma de los derechos sindicales desde la época de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher, este nuevo texto demanda a los sindicatos informar de la huelga a la dirección con 14 días de antelación, y autoriza a esta a contratar a personal de agencia para cubrir a los huelguistas.

También prevé prohibir los piquetes de más de seis personas para evitar 'la intimidación' de los trabajadores que decidan ir a trabajar, de forma que por encima de ese número podrán ser detenidos los integrantes de esos grupos.

En lo que los sindicatos y la oposición han tildado de maniobra política, el proyecto gubernamental dispone que los sindicalistas deberán elegir expresamente si desean donar parte de su cuota al Partido Laborista.

Actualmente esto se hace de forma automática -aunque los miembros pueden negarse-, al ser los sindicatos británicos los fundadores del Partido Laborista a principios del siglo XX y su principal fuente de financiación.

El ministro de Empresa, Sajid Javid, argumentó que las nuevas medidas servirán para que 'las huelgas solo se lleven a cabo cuando las apoyen una mayoría clara de quienes tienen derecho a voto' y 'se hayan explorado todas las demás opciones'.

'Los sindicatos tienen un papel constructivo que jugar pero nuestro gobierno equilibrará sus derechos con los de la gente que trabaja y las empresas', dijo el político, cuyo Partido Conservador se definió tras ganar las elecciones del 7 de mayo como 'el partido de los trabajadores'.

La secretaria general de la confederación sindical TUC, Frances O'Grady, dijo que la ley 'es un ataque innecesario a los derechos y las libertades civiles de los trabajadores que decantará el poder en el lugar del trabajo' hacia la dirección.

O'Grady señaló que, si el Gobierno estuviera realmente interesado en mejorar las relaciones laborales, autorizaría el voto por internet, algo a lo que se opone.

El secretario del sindicato general GMB, Paul Kenny, lamentó que 'este enfoque sesgado envenenará la relación entre los trabajadores y sus jefes' y criticó el intento de recortar la financiación al Partido Laborista.

'Es un enfoque totalmente tendencioso a la financiación de los partidos. No hay propuestas para obligar a las empresas a preguntar a sus accionistas o limitar las donaciones de los ricos al Partido Conservador', afirmó.

Por su parte, la subdirectora general de la patronal Confederación de la Industria Británica, Katja Hall, aplaudió la 'modernizadora' propuesta legislativa y señaló que 'refleja mejor las prácticas y la fuerza laboral en la actualidad'.

'La introducción de umbrales porcentuales (en las votaciones) es un paso importante y justo para garantizar que las huelgas tienen el apoyo claro de la plantilla', declaró.

La legislación sindical y de huelga en el Reino Unido es ya una de las más restrictivas de Europa desde que en los años 80 Margaret Thatcher ilegalizara, entre otras cosas, las huelgas generales.