Los abogados de dos presos acusados de planear los ataques del 11 de septiembre de 2001 y retenidos en la prisión de Guantánamo (Cuba) pidieron hoy lunes a EE.UU. acabar con las comisiones (tribunales) militares que juzgan a sus clientes, por considerarlas 'ilegales' bajo el derecho internacional.

Los abogados militares del paquistaní Ammar al Baluchi y el saudí Mustafa al Hawsawi, que enfrentan una condena a muerte en las comisiones militares encargadas de juzgar los atentados del 11-S, comparecieron hoy por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sus denuncias sobre el proceso.

'Pedimos a la CIDH afirmar que las comisiones militares de Guantánamo son ilegales e ilegítimas bajo el derecho internacional y pedir al Gobierno de EE.UU. que las suspenda y las cierre de inmediato', señaló el defensor Walter B. Ruiz Jr., de la oficina del Consejo de Defensa de las comisiones militares del Pentágono.

El teniente coronel Sean Gleason, encargado de la defensa de Al Hawsawi, precisó en declaraciones a Efe que, en su opinión, el juicio debería trasladarse a una jurisdicción civil, que ofrezca 'un proceso justo, de acuerdo con el derecho internacional'.

Las comisiones militares están 'diseñadas' para 'esconder y suprimir pruebas de conducta criminal por parte de actores estatales, silenciar a las víctimas de tortura y asegurar la impunidad' para quienes perpetraron violaciones de derechos humanos en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo, aseguró Ruiz.

Además, los procesos en las comisiones de Guantánamo 'siguen plagados por una constante manipulación de las agencias de inteligencia' estadounidenses, agregó.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) 'ha infiltrado al menos un equipo de defensa' y las agencias de inteligencia han 'cortado la emisión en vídeo y audio' de las audiencias judiciales, aparte de plantar 'aparatos de escucha ocultos' en las salas de reunión entre los acusados y sus abogados, según Ruiz.

Los abogados denunciaron también que las comisiones admiten para la acusación pruebas obtenidas mediante las torturas a sospechosos de terrorismo durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009).

'El Gobierno suele recurrir a un juego semántico muy elocuente: decir que no aceptará ninguna declaración obtenida gracias al uso de la tortura. Pero las reglas (de las comisiones militares) permiten que las pruebas derivadas de la tortura y la coerción se admitan', explicó Ruiz.

Además, 'el Gobierno no ha proporcionado' a los abogados defensores esas pruebas 'derivadas de la tortura' que después admite para el juicio, lo cual 'nunca ocurriría en un proceso judicial normal', indicó Gleason a Efe.

Esa opacidad ha contribuido a que el juicio por los atentados del 11-S, en el que también están acusados Sheij Mohamed, Walid bin Attash y Ramzi bin al Shibh, haya durado ya 'más de una década' y probablemente vaya camino de durar 'otra década, o más', pronosticó Gleason.

A la audiencia acudió, en representación del Gobierno de EE.UU., el encargado en funciones de la oficina para el cierre de Guantánamo en el Departamento de Estado, Charles Trumbell, que defendió que las comisiones militares 'tienen herramientas eficaces y legítimas y proporcionan garantías procesales elementales'.

Otra funcionaria del Departamento de Estado, Ashika Singh, negó que esas comisiones 'oculten pruebas' a la ciudadanía.

La CIDH se convirtió en 2006 en el primer organismo internacional en pedir el cierre de la prisión de Guantánamo, y hoy volvió a solicitar al Gobierno de EE.UU. que le permita visitar la cárcel sin restricciones en el acceso a los presos.

El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, hizo hoy la misma solicitud, que lleva repitiendo sin éxito desde 2011, en un mensaje en vídeo que fue emitido durante la audiencia.