La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció hoy martes que enviará una reforma constitucional al Congreso para que se establezcan sanciones a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales, tras los recientes escándalos que han estremecido al país.

Indicó que la reforma permitirá establecer sanciones 'incluso la pérdida del cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales', por lo que ya encomendó a sus ministros avanzar en la elaboración de indicaciones y proyectos de ley, aunque no precisó una fecha.

El anuncio lo hizo Bachelet al presentar en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, un 'Consejo Asesor Presidencial' que buscará regular la relación entre la política y los negocios tras los acontecimientos que han salpicado en Chile a empresarios, partidos políticos y hasta a su hijo, Sebastián Dávalos.

En una ceremonia a la que llegaron los exmandatarios Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, y los presidentes de todos los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, Bachelet aseguró que 'no habrá arreglos ni perdonazos' para los casos de corrupción y tráfico de influencia que han conmovido al país.

El pasado sábado un juez chileno ordenó prisión preventiva para seis de diez imputados en delitos tributarios, sobornos y otros delitos en el llamado 'Caso Penta', entre ellos dos poderosos empresarios y un exsubsecretario de Minería.

A ello se suma el llamado 'Caso Caval', un negocio inmobiliario que reportó una millonaria ganancia para Dávalos, hijo de la presidenta, y para su esposa, Natalia Compagnon.

La mandataria aseguró que llegó la hora de actuar y que en este plano Chile no va a tolerar dilaciones.

Afirmó que es su responsabilidad como presidenta impulsar las medidas institucionales que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios.

'Esto no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor particular, de mí, del Gobierno o de los empresarios. Esto es una necesidad del país, de la salud de la democracia que todos necesitamos para vivir', recalcó.

La mandataria chilena hizo hincapié en que estos casos no deben volver a repetirse en su país.

'Se equivocan quienes creen que este es el momento de suavizar los hechos o esconder la tierra bajo la alfombra. No, se trata de asegurar mediante instituciones sólidas que esto no vuelva a ocurrir', enfatizó.

Otra de las medidas anunciadas por la mandataria apuntan a ella y sus antecesores 'para que se hagan más detalladas, periódicas y de por vida las declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos y de los expresidentes'.

'Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía debemos responderles con transparencia', añadió.

Bachelet indicó que la composición del Consejo, cuyos miembros tendrán 'plena autonomía' y cuyo trabajo lo realizaran en la sede del Ejecutivo, estará compuesta por 15 personas y tendrá un plazo de 45 días para presentar propuestas que sirvan para terminar con estas prácticas.

Los imputados en el caso Penta, un banco de inversiones que maneja recursos por 20 mil millones de dólares, están acusados de defraudar al fisco mediante delitos tributarios, cohecho, sobornos y otras conductas reiteradas, como la financiación de campañas electorales mediante negocios ficticios basados en facturas falsas.

Caval, en tanto, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, la esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de este un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos 10.4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4.8 millones de dólares.

En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad es controlada por su familia.

El caso es investigado por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias y su repercusión ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, mientras Dávalos debió renunciar a su cargo de director sociocultural del Gobierno.