El Comite de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó hoy un proyecto de ley bipartidista para imponer sanciones contra algunos funcionarios del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en respuesta a las protestas y la represión que vive Venezuela desde hace tres meses.

Este era el primer paso legislativo necesario para que el texto pueda ser presentado en el pleno de la Cámara, un proyecto que de ser aprobado en esa instancia, pasaría a consideración del Senado, donde ya se presentó una ley similar hace unas semanas, aunque aún no se ha empezado a debatir.

La iniciativa legal, que fue presentada hace varias semanas por la representante por Florida Ileana Ros-Lehtinen, contó con el apoyo de otros catorce representantes, seis de ellos demócratas, y fue aprobado en una votación a viva voz con sólo dos votos en contra.

'El Comité de Asuntos Exteriores actuó esta mañana con una voz bipartidista condenando las violaciones contra derechos humanos que ocurren en Venezuela', dijo Ros-Lehtinen.

La aprobación de la denominada Ley de Protección de Derechos Humanos y Democracia Venezolana envía un fuerte mensaje a Maduro de que el Congreso de los Estados Unidos 'está pendiente de las atrocidades cometidas por su régimen, y que enfrentará las consecuencias', agregó.

'Agradezco a mis colegas en el comité por apoyar la legislación y continuaré apoyando firmemente al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad, la democracia y respeto por derechos humanos', insistió la legisladora cubano-estadounidense.

El proyecto de ley insta al presidente estadounidense, Barack Obama, a revocar las visas y congelar los activos en Estados Unidos de varios funcionarios venezolanos a los que consideran responsables de violar los derechos humanos y acallar a aquellos que informan sobre las protestas iniciadas el 12 de febrero pasado.

Durante el debate en el Comité, el proyecto solo tuvo dos opositores, los demócratas Gregory Meeks y Karen Bass, quienes argumentaron que el texto recuerda a acciones del pasado que generaron críticas de intervencionismo en Latinoamérica y provocaron una falta de confianza hacia Estados Unidos.

La aprobación de la medida se produce mientras se espera la llegada a la capital estadounidense de varios cientos de venezolanos exiliados que pretenden manifestarse ante el Congreso y la Casa Blanca para pedir acciones contra el Gobierno de Maduro.