La empresa petrolera BP apelará el lunes ante un tribunal federal de Estados Unidos por la aplicación de un acuerdo por cientos de miles de millones de dólares en compensaciones por el vertido de crudo en 2010 en el Golfo de Mexico.

Los abogados de BP argumentarán ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito que los términos del acuerdo se han interpretado de manera errónea y que deberían suspenderse los pagos a individuos y negocios perjudicados por el vertido de petróleo.

En 2010 el estallido de la plataforma Deep Water Horizon mató a 11 trabajadores e inició un vertido de crudo del pozo de exploración Macondo que, en los meses siguientes, contaminó las aguas del golfo y dañó el ambiente y la vida silvestre en las costas.

Poco después del incidente, BP aceptó la creación de un fondo de compensación con $20,000 millones administrado primero por la Oficina de Reclamos de la Costa del Golfo, dirigida por el abogado Kenneth Feinberg.

El año pasado el juez federal Carl Barbier designó al abogado Patrick Juneau para hacerse cargo de la recepción y evaluación de reclamos y el pago de compensaciones.

El acuerdo no fija un límite al monto de las compensaciones pero BP inicialmente calculó que tendría que gastar unos $7,800 millones para la resolución de los reclamos de miles de residentes y negocios de la costa.

BP sostiene ahora que Barbier y Juneau han interpretado de manera equivocada los términos del acuerdo y esto ha permitido que miles de negocios obtengan cientos de millones de dólares como compensación por pérdidas ficticias o exageradas.

'El resultado es que miles de reclamantes que no sufrieron pérdidas se presentan con cifras cada vez más grandes, en busca de beneficios escandalosos y burlándose de lo que se pensó como un proceso justo y honesto de solución supervisada por los tribunales', escribieron los abogados de BP en documentos presentados al tribunal.

Las compensaciones a los negocios, según el acuerdo, se sustentan en una comparación de sus recaudaciones y gastos antes y después del vertido.

BP sostiene que una decisión política anunciada en enero pasado por Juneau permite que los negocios manipulen esas cifras de manera que conducen a errores en el cálculo de sus pérdidas de ganancia.