El Gobierno sirio aprobó el levantamiento del estado de excepción. Lo hizo tras perpetrar una nueva matanza de ciudadanos en Homs y con el país sumido en una crisis excepcional, justo el tipo de situación en el que ninguna dictadura aliviaría sus leyes represivas. Acto seguido anunció que no se toleraría ninguna protesta pública.

Los mensajes contradictorios emitidos por el Gobierno de Bachar el Asad solo podían interpretarse como una exhibición de cinismo o como una señal de que el régimen empezaba a descomponerse por dentro, publica el diario español El País.

Y pese a levantar los 48 años de estado de emergencia, anoche las fuerzas de seguridad sirias detuvieron al líder opositor Mahmud Issa en su residencia de la ciudad de Homs, según activistas pro Derechos Humanos. La detención significa para ellos que el paso dado por el Gobierno no pondrá fin a la represión.

El estado de excepción estaba vigente desde 1963, año en que el partido nacionalista Baaz, de vocación totalitaria, se hizo con el poder. Durante casi medio siglo, a lo largo de la presidencia de Hafez el Asad y de los 11 años en el cargo de su hijo y heredero, Bachar el Asad, las leyes excepcionales suprimieron los derechos de manifestación, reunión y expresión y permitieron a las fuerzas de seguridad detener y torturar sin ningún tipo de límites.

Resultaba paradójico que esas leyes, diseñadas para sofocar de raíz las rebeliones contra la dictadura, fueran a ser abolidas en el mismo momento en que el Ministerio del Interior denunciaba la existencia de 'una sublevación armada de grupos salafistas'.

El ministro del Interior, Mohamed Ibrahim al Shaar, se justificó con esa presunta sublevación islamista para ordenar a los sirios que se abstuvieran de participar en cualquier protesta pública y amenazó con aplicar a los manifestantes 'las leyes en vigor', o sea, las leyes de excepción que su Gobierno quería supuestamente suprimir.