La comunidad internacional debe desempeñar un papel más activo para que los yemeníes consigan que los responsables de los sangrientos homicidios de las recientes semanas rindan cuentas, defendió hoy Amnistía Internacional en la presentación de un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas en Yemen durante el último año.

Moment of Truth for Yemen (El momento de la verdad para Yemen) documenta la brutal represión de una oleada de protestas contra el gobierno del presidente Alí Abdulá Salé, que se ha saldado con 94 víctimas mortales, según las últimas cifras de la organización. La frustración ante la corrupción, el desempleo y la represión de las libertades han exacerbado las protestas.

'El gobierno de Yemen tiene un pésimo historial en lo que se refiere a investigar o procesar a los responsables de homicidios ilícitos y torturas u otros malos tratos', expresó Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI.

'La comunidad internacional ha proporcionado ayuda en materia de seguridad y desarrollo a las autoridades yemeníes cuando éstas lo han solicitado. Es hora de que tome cartas en el asunto y ayude a que se haga justicia con las familias de quienes han perdido la vida durante este turbulento periodo', añadió.

El peor episodio de violencia se produjo el 18 de marzo, fecha que los manifestantes llaman desde entonces 'Viernes Sangriento', cuando según la información disponible un ataque de francotiradores aparentemente coordinados contra un campamento de manifestantes en Saná se saldó, según los informes, con 52 personas muertas y centenares de heridas.

Un testigo dijo a Amnistía Internacional que la mayoría de las víctimas mortales fueron alcanzadas por disparos en la cabeza, el pecho o el cuello, y que muchas de ellas murieron en el lugar de los hechos.

El gobierno yemení anunció el 19 de marzo que se abriría una investigación, pero no ha dado a conocer más detalles.

A Amnistía Internacional no le consta que ningún miembro de las fuerzas de seguridad esté siendo investigado por las muertes que han tenido lugar en protestas antigubernamentales desde mediados de febrero de 2011, expresó la organización en un comunicado de prensa.

La organización ha pedido a las autoridades yemeníes que reconozcan que necesitan la ayuda de la comunidad internacional para llevar a cabo investigaciones que pongan al descubierto toda la verdad sobre las recientes muertes en manifestaciones.

'Los yemeníes necesitan una comisión de investigación independiente para investigar los casos de homicidios y lesiones de manifestantes o transeúntes que se han producido en las últimas semanas', insistió Philip Luther.

'La comisión de investigación deberá estar realmente facultada para obligar a los funcionarios a testificar, y para garantizar que toda persona que sea hallada responsable de haber cometido u ordenado la comisión de homicidios ilegítimos o el uso excesivo de la fuerza comparece ante la justicia', agregó.

En todo Yemen han seguido produciéndose grandes manifestaciones, que en algunos casos han sido violentamente reprimidas. Entre el 2 y el 4 de abril, miles de personas se echaron a las calles en Ta'izz donde, según los informes, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza que se saldó con centenares de personas heridas y, hasta la fecha, un número indeterminado de muertos.

Amnistía Internacional advirtió contra posibles pactos políticos gracias a los cuales el presidente Salé, sus familiares cercanos y posiblemente otras personas obtendrían la inmunidad procesal a cambio de ceder el poder.

El informe entra también en detalles sobre los graves motivos de preocupación de Amnistía Internacional por las constantes violaciones de derechos humanos –homicidios ilegítimos, tortura y detención prolongada sin cargos– con que el gobierno yemení ha respondido a las demandas crecientes de secesión en el sur, los ataques de Al Qaeda y el conflicto intermitente con los rebeldes huthis en el norte.

Una comisión de investigación sobre las muertes en las protestas que se vienen produciendo desde febrero sería el primer paso de un proceso mucho más amplio para abordar el pesado historial de impunidad respecto a las violaciones sistemáticas de los últimos años, ha dicho la organización.

Amnistía Internacional también ha pedido a todos los gobiernos que suspendan de inmediato la autorización, el suministro y las transferencias de armas, municiones, armamento y cualquier material relacionado a las fuerzas de seguridad de Yemen si dicho material pudiera ser utilizado para ejercer un uso excesivo de la fuerza en la actuación policial durante las protestas.

Estados Unidos y Reino Unido han sido los mayores proveedores de Yemen, seguidos por otros países, como Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Federación Rusa, Turquía y Ucrania.