Luego de las críticas por parte de activistas de derechos civiles a la pieza legislativa que crearía la 'Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico', el gobernador Ricardo Rosselló Nevares emitió un comunicado para aclarar que en su administración rechazan 'cualquier legislación, como el P. de la C. 1018, que impida que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o por su orientación sexual. Este tipo de medidas no tienen paso en esta Administración'.

La medida de la autoría de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Guillermo Miranda, Carlos 'Johnny' Méndez, y María M. Charbonier, busca 'garantizar a toda persona su derecho a ejercer libremente su religión sin que sea obstaculizado, restringido o coartado por el gobierno' con base en la libertad de culto que alberga la Constitución de Puerto Rico.

No obstante, la representante Charbonier alega que la propuesta ley es cónsona con el Plan para Puerto Rico de la Adminsitración Rosselló. Entre los compromisos con el Tercer Sector, el plan reza en la página 162 que: 'Estamos convencidos de que la actual Administración ha implantado prácticas y políticas públicas que amenazan y/o coartan la libertad de practicar la religión de preferencia de los ciudadanos. Nosotros nos comprometemos a proteger ese derecho constitucional de libertad religiosa de cada ciudadano y a promover legislación a tales efectos'.

Sin embargo, el gobernador salió al paso para recalcar que, 'Nuestra Administración ha establecido de forma clara que no va a limitar derechos que han sido otorgados a distintos sectores de nuestra sociedad, tanto a nivel judicial como por vía legislativa. El Gobierno continuará procurando brindar servicios de calidad y de forma eficiente a todos los sectores de nuestra población'.

De la pieza legislativa también se desprende que 'el gobierno no deberá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona, incluso si la carga es el resultado de la aplicación de una norma de aplicación general'.

Charbonier también argumentó que el proyecto lo que dice es que el gobierno no debe imponer carga sustancial a una persona en el libre ejercicio de su libre religión. 'Solo si se demuestra que la carga de una norma es en cumplimiento de un interés gubernamental apremiante, y que es el menos restrictivo para promover ese interés', agregó.

'Él no parece haberla leído (la medida)', insistió lalegisladora en entrevista con WPAB 550 y CyberNews, a la vez que añadió que, 'Este proyecto no limita, ni le quita derechos a la comunidad LGBTT'.

Los activistasde derechos civiles David Román y Pedro Julio Serrano denunciaron los visos discriminatorios del proyecto más temprano en la semana. No obstante, Serrano felicitó al Ejecutivo luego de conocer su rechazo al P. de la C. 1018.

AHORA: Portavoz de

@ricardorossello aclara que gobernador NO firmará

#PC1018 que pretendía discriminar a LGBTTs tanto en público y privado.

pic.twitter.com/oRlyCpOeBU— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio)

May 12, 2017

Asimismo, el Comité Amplio por la Búsqueda de la Equidad (CABE) expresó satisfacción con las expresiones del gobernadorrecahazando el proyecto, pero hizo un llamado a no bajar la guardia.

'El Gobernador puede vetar el proyecto si se aprueba, pero no sabemos qué tipo de negociaciones se harían en el camino. La Legislatura ha demostrado un afán obsesivo por complacer a grupos religiosos al punto de tenerles como asesores en sus oficinas y eso no puede subestimarse', añadieron.

La organización explicó que el proyecto adolece de defectos constitucionales y que proyectos similares han sido ampliamente rechazados en otros estados de Estados Unidos por organizaciones de derechos civiles.

'Es un insulto que a menos de una semana del Día Internacional contra la Homofobia y el Discrimen, se radique este proyecto que es un atentado a nuestra dignidad. Con más razón que nunca las personas LGBTTIQ deben darse cita a la marcha que tendremos el 17 de mayo para conmemorar esa fecha y denunciar este tipo de acción', agregaron.

Román, miembro de la Junta Coordinadora de Puerto Rico para Todos y de la Junta Directiva de Humanistas Seculares de Puerto Rico, catalogó el proyecto como 'un subterfugio de los representantes para darle vía libre a la extrema religiosa para quediscriminecontra todo el que no viva de acuerdo a sus preceptos'.

El también politólogo añadió que 'Si Charbonier, Miranda y Méndez piensan que velar por la dignidad de cualquier persona es una carga sustancial tienen un serio problema de civismo, empatía y humanismo. El único interés de los legisladores con esta medida es lavarse la cara con los fundamentalistas y pagar sus deudas políticas con la derecha religiosa. No podemos olvidar que parte de ese liderato religioso es donante activo de estos y otros representantes; como es el caso de María Milagros Charbonier, que según los datos de la Oficina del Contralor Electoral, recibió mil $1,000 dólares de la ‘apóstol' Wanda Rolón Miranda'.

Por su parte,Serrano, denunció que la medida legalizaría el discrimen en contra de las personas de la comunidad LGBTT 'bajo el pretexto de la protección de la libertad de culto. Esa libertad de culto no necesita protección adicional porque está contenida en nuestra máxima ley — la Constitución'.

'Este proyecto significa que, entre otras cosas, le pueden negar darle un velatorio y entierro digno a un ser querido, le pueden negar servicios de salud, alimentos, educativos, de cobijo a cualquier ciudadano guiados por su forma de ser, de vestir, de pensar, en fin, por ser quien es. No podemos permitir que una minoría vociferante lleve nuestro estado de derecho al oscurantismo de los prejuicios, estereotipos y discriminación', advirtió, por su parte, Román.

El Senado tiene contratado como director de la Oficina de Base de Fe a Ricardo Rosado, un pastor que modera un programa radial que aboga por erradicar la separación de Iglesia y Estado y Charbonier tiene en su Comisión de lo Jurídico al sacerdote católico Carlos Pérez.