El autor del Proyecto de la Cámara 1018 que crearía la 'Ley de Restauración de la Liebrtad Religiosa de Puerto Rico', Guillermo Miranda Rivera, aseguró que la medida que impulsa establecer protecciones para la libertad religiosa en Puerto Rico no discrimina contra nadie. Por el contrario, busca evitar la persecución en contra de personas por sus creencias y valores.

La coautora del proyecto, María Milagros Charbonier, sugirió incluso que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, se opuso al mismo sin leerlo, luego que Fortaleza enviara una comunicación oficial hoy, viernes, indicando el rechazo a 'cualquier legislación, como el P. de la C. 1018, que impida que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o por su orientación sexual. Este tipo de medidas no tienen paso en esta Administración'.

La medida también tiene la co-autoría del presidente cameral Carlos 'Johnny' Méndez, que busca 'garantizar a toda persona su derecho a ejercer libremente su religión sin que sea obstaculizado, restringido o coartado por el gobierno' con base en la libertad de culto que alberga la Constitución de Puerto Rico.

'Irónicamente, mientras en Estados Unidos se esta promulgando un ‘Freedom of Religion Act' para que no se discrimen contra las personas que intentan entra a la nación por razón de creencias religiosas, como es el caso de los musulmanes, en Puerto Rico se le quiere colocar trabas a una legislación que lo que busca es proteger a nuestro pueblo precisamente de eso, del discrimen. Estados Unidos se fundó por personas que escaparon de persecución religiosa y aquí nosotros no vamos a claudicar en este esfuerzo', tronó Miranda Rivera.

'Él no parece haberla leído (la medida)', insistió lalegisladora en entrevista conWPAB550 yCyberNews, a la vez que añadió que, 'Este proyecto no limita, ni le quita derechos a la comunidadLGBTT'.

Tanto Miranda Rivera como la representante Charbonier alegan que la propuesta ley es cónsona con el Plan para Puerto Rico de la Adminsitración Rosselló. Entre los compromisos con el Tercer Sector, el plan reza en la página 169 que: 'Estamos convencidos de que la actual Administración ha implantado prácticas y políticas públicas que amenazan y/o coartan la libertad de practicar la religión de preferencia de los ciudadanos. Nosotros nos comprometemos a proteger ese derecho constitucional de libertad religiosa de cada ciudadano y a promover legislación a tales efectos'.

'Esta medida fue parte de nuestro compromiso con el pueblo. El pueblo avaló la misma en las urnas el pasado noviembre', agregó, por su parte, el autor del proyecto.

'Esta medida es una de avanzada. Como tal generará algún tipo de discusión pública. Precisamente esto es lo que buscamos, que el asunto de posibles discrímenes contra personas únicamente por sus creencias religiosas sea abolido de Puerto Rico. Este proyecto atempera las leyes estatales con el ‘Religion Freedom Restoration Act' a nivel federal, el cual protege a las personas para que no las discrimen por sus creencias', insistió Miranda Rivera.

Charbonier también explicó que el proyecto lo que dice es que el gobierno no debe imponer carga sustancial a una persona en el libre ejercicio de su libre religión. 'Solo si se demuestra que la carga de una norma es en cumplimiento de un interés gubernamental apremiante, y que es el menos restrictivo para promover ese interés', agregó.

Para concluir, Miranda Rivera dijo que la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), avala la medida en Estados Unidos por ser una protectora de derechos.