CABE exige la acción del gobierno

Otra epidemia arropa la Isla, pero está oculta bajo la sombra del coronavirus: “una epidemia de violencia contra la comunidad LGBTTIQ”, que se evidencia en el asesinato de 10 integrantes de esta comunidad en los pasados 15 meses.

Esta denuncia fue realizada por el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), quienes especificaron que tan solo en los pasados dos meses han asesinado a cinco personas trans.

“Hace 10 años no veíamos una epidemia de violencia en nuestra comunidad. Cinco asesinatos en dos meses es una epidemia. El silencio del gobierno dice mucho de cuál es el trato. Ustedes son tan responsables de esta violencia porque nos están cazando y ustedes no están haciendo nada”, dijo el activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano.

“Estamos denunciando la homofobia que ha creado una epidemia de violencia como no habíamos visto”, añadió.

Serrano confirmó las muertes de Alexa Negrón Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez, Penélope Díaz Ramírez, Yampi Méndez Arocho, Emilio Colón, Javier Morales, Luis Díaz, Carlos Morales y Kevin Fret.

El grupo destacó que las expresiones del gobierno en torno a estas muertes ha sido mínimo y que solo en el caso de Alexa, que trascendió públicamente, asumieron una postura, pero todo quedó en el olvido.

Durante la rueda de prensa virtual, Serrano narró la desgarradora historia de dos de los casos que fueron manejados de manera contraria a lo estipulado por ley, y exigió que se hagan valer los derechos de la comunidad.

Uno de los casos que trajo a la atención fue el de Penélope Díaz Ramírez, quien estaba en prisión y murió a causa de una fuerte paliza de parte de otro reo. “Penélope fue llevada a una prisión de hombres, violando sus derechos y, posiblemente, el hecho de que la llevaran a una prisión que no era correcta, tuvo violencia que terminó con su vida. Penélope fue asesinada con golpes contundentes que le hizo otro prisionero y la ahorcó en su celda el 13 de abril, en el Complejo Correccional de Bayamón”, relató.

Serrano añadió que la Policía identificó a Penélope por su nombre de identificación en clara violación al protocolo para intervenir con personas transgénero.

Parte del protocolo que debe seguir la Policía establece que “los empleados del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) tratarán a todas las personas Trans de manera respetuosa y apropiada, de acuerdo con la identidad de género y/o expresión de género de la persona”. De acuerdo con la orden general, si el agente “no está claro el género con el que la persona se identifica y la persona no lo solicita, el empleado del NPPR le preguntará de forma cortés y discreta cuál es su nombre legal y cómo prefiere ser llamada. Es decir, el pronombre (“él o ella”) y por cual nombre le gustaría ser llamada”.

Eso, sin embargo, no ocurrió en este caso.

Otra historia que se presentó fue la de Emilio Colón, de 79 años, asesinado en su casa en Caguas. Inicialmente, la Policía dijo que fue reportada como una muerte violenta con un ataque de ácido y que luego se cambió la versión a que un animal le había arrancado la cara, dijo Serrano.

“A esta hora, no tenemos el resultado de la autopsia. Exigimos que se haga justicia a todos los casos que se han visto en Puerto Rico. Solo en uno de los casos ha habido arresto y es el caso de Penélope porque la población está cautiva. Exigimos justicia”, dijo.

“La violencia que estamos experimentando tiene su raíz en la retórica y acciones de odio de parte de los políticos y religiosos fundamentalistas que incitan a perseguir, demonizar y atacar a la gente LGBTTIQ+. Basta ya de usarnos como chivos expiatorios para sus agendas de división. Somos tan seres humanos como el resto de la sociedad y merecemos el mismo respeto, la misma libertad y la misma equidad”, dijo, por su parte Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.

El grupo también expuso que, el pasado lunes 27 de abril, se les envió una carta al Secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, y al Comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, exigiendo una reunión de inmediato con Janer y Escalera en aras de exigir respuestas a las interrogantes sobre el estatus de las investigaciones, el plan de vigilancia y prevención de estos crímenes, así como una garantía de que los procesos se llevarán de acuerdo con los protocolos y libres de prejuicio.

“La Policía tiene la obligación de divulgar el estatus de las investigaciones de al menos nueve asesinatos, una muerte sin causa determinada y varios ataques en los que personas LGBTTIQ+ han sido heridas desde enero de 2019. Es obligación del Estado atender esta epidemia de violencia anti-LGBTTIQ+. De igual forma, le corresponde al gobierno de Wanda Vázquez declarar no tan solo un estado de alerta máxima y asignación de recursos por la violencia de género, sino también por la violencia homofóbica y transfóbica”, sentenció Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

“Es hora de que este gobierno demuestra que va a cumplir con su deber de proteger a las personas trans y la gente LGBTTIQ+. Reconocemos la emergencia por el Coronavirus, pero también existe la emergencia de violencia homofóbica y transfóbica que nos está matando. Es hora de actuar. No puede morir ni una persona LGBTTIQ+ más a causa del odio”, dijo Justin Jesús Santiago, aliado de CABE.

Durante la rueda de prensa, Natasha Alor, joven activista de experiencia trans, destacó que le resulta frustrante que en 2020 aún se tenga que seguir luchando por la seguridad de la comunidad e insistir en garantizar el respeto a los seres humanos.

“Salimos a la calle, nos matan, nos asaltan, y muchas veces los ‘trans’ somos los más vulnerables. Exigimos respeto a nuestras vida y las garantías de que se va a hacer justicia en el caso de estos crímenes de los últimos meses”, dijo Alor. “Llevo en cuarentena desde que mataron a Alexa. Tengo miedo de salir a la calle desde que pasó esto. Es triste que haya gente que viva con miedo de salir a la calle simplemente por ser quienes son”, concluyó.