Activistas pro derechos de la comunidad LGBTT advirtieron del riesgo de contratar líderes religiosos en la Legislatura luego que se diera a conocer que el pastor Ricardo Rosado y el cura Carlos Perez fueron contratados como asesores a la vez que se anunció la reapertura de la Oficina de Base de Fe.

'La Legislatura está pagando favores al sector religioso a cuenta de los derechos humanos del país', expresó la organización Proyecto Matria ante la noticia de que se reabrirá la Oficina de Base de Fe en la Legislatura y de que contratarán dos líderes del sector fundamentalista para asesorar en Cámara y Senado.

'En un Estado laico- como se supone que sea Puerto Rico- no hay cabida para oficinas que privilegien ideas y posturas religiosas. Invitamos al país a estudiar el historial de Ricky Rosado y Carlos Pérez para que entiendan la gravedad de la situación', explicó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora de Matria.

Pagán Jiménez recordó que Rosado es el moderador del programa radial 'Sin Separación de Iglesia y Estado' desde el cual abogaba abiertamente contra este precepto constitucional y desde donde, además, atacaba directamente a defensoras y defensores de derechos humanos. Por otra parte, Carlos Pérez ha liderado grupos que abogan por la eliminación de derechos humanos de sectores como las comunidades LGBT y las mujeres y ha sido abogado en casos frívolos radicados contra el gobierno para detener la implantación de normativas estatales y federales que protegen a esos grupos.

'No hay estudios ni evidencia de que las organizaciones de base de fe sean más efectivas que las organizaciones laicas y mucho menos podemos presumir que son mayoría en el sector de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios al país. Si el presidente del Senado está partiendo de esa presunción, está tomando una decisión errónea. De hecho, en nuestro país las organizaciones con mejores modelos de trabajo y de base científica, que tienen evidencia de sus logros y que apoderan a la gente en vez de someterlas a sistemas asistencialistas que perpetúan la pobreza, son laicas. De eso sí hay evidencia y crear una oficina de enlace con organizaciones comunitarias sería la dirección correcta. Nuestra sugerencia es que se reevalúe el nombre y funciones de esa oficina y que se incorpore en ella un sistema de evaluación de resultados y un sistema de trabajo que fomente la protección de derechos humanos y no la violación de los mismos. Es inaudito que se contrate a un enemigo de los derechos humanos en un espacio en el que ciertamente podrá influir en las políticas públicas', añadió Pagán.

'En cuanto a la contratación de Carlos Pérez tenemos dos cosas que añadir. Primero, habría que preguntarse qué capacidad tiene como sacerdote católico para separar sus posturas personales de lo que son los principios constitucionales, el derecho aplicable y los estudios de base científica, siendo él una persona que en los pasados años ha tergiversado públicamente y a favor de sus creencias el derecho en la Isla. Segundo, nos preguntamos cómo él separará ese contrato de sus funciones como sacerdote y qué tiene que decir al respecto el Arzobispo Roberto González. Poner en sus manos una asesoría sobre Código Civil es regresar a los tiempos en que los códigos civiles españoles se consensuaban con la Iglesia Católica', concluyó Pagán.

Por su parte, el activista Pedro Julio Serrano, advirtió que 'la Legislatura acaba de declararle la guerra a la comunidad LGBTT' con la contratación de dos miembros de Puerto Rico por la Familia.

'La contratación del cura Carlos Pérez y del pastor Ricky Rosado son una afrenta a la equidad, a la libertad y al igual trato bajo la ley. Ambos, miembros del grupo de odio Puerto Rico por la Familia, son enemigos de la comunidad LGBTT. La agenda es clara: declararle la guerra a la comunidad LGBTT', aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s alzó su voz en alerta pues indica que con esta contratación se está violentando la separación de Iglesia y Estado, así como de tratar de eliminar derechos adquiridos por la comunidad LGBTT.

'Sabemos cuál es su misión: tratar de revertir, eliminar y detener los derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales. Estarán a cargo del Código Penal y del Código Civil, donde se reconocen los derechos y protecciones en contra del discrimen y a favor de todas las personas. Estaremos en pie de lucha para garantizar que Puerto Rico no dé ni un paso atrás en las conquistas LGBTT. Ni uno', concluyó Serrano.